Inspiradas en el modelo Wall-Mart del magnate Sam Wallton, las empresas que concentran el 70% de la propiedad del sector, tienen pendiente resolver varios problemas. De acuerdo a una investigación que sirvió de base a un duro informe de la Cámara de Diputados sobre las prácticas del mundo supermercadista, D&S y Cencosud aplican dumping laboral, tienen acusaciones de maltrato a sus trabajadores y cobran intereses exorbitantes a los usuarios de sus tarjetas de crédito.
Miguel Paz
Miguel Paz
Dos razones sociales, D&S y CENCOSUD, concentran el 70% del mercado del negocio supermercadista. Pero lo manejan con más de 160 razones sociales, para restringir la actividad sindical.
El documento de más de cien páginas incluido en el informe final de la Comisión (aprobado en la Cámara de Diputados) es una radiografía al retail y a las grandes cadenas de supermercados que detalla su modelo de negocios, calificado como heredero del empresario norteamericano Sam Walton (calificado como el “inventor” del supermercado moderno) y su cadena transnacional Wallmart, cuestionada en Estados Unidos por maltrato laboral reiterado y por haber barrido con el comercio minorista en las comunas pequeñas donde se instalaron locales de la cadena.
La pesadilla de los chicos
Las cadenas dominantes (Cencosud y D&S) se han caracterizado por ampliarse geográficamente hasta alcanzar la casi total dominación del negocio afectando al comercio minorista, aunque el proceso de concentración de propiedad no es exclusivo de las grandes cadenas de supermercados sino “una característica común a toda la actividad económica de nuestro país, donde el 1% de las empresas chilenas concentra más del 80% de las ventas totales nacionales”, señala la investigación.
El sector ha tenido una progresiva rentabilidad y emplea alrededor de 1,1 millones de personas.
Pero detrás de las cifras y los argumentos de generar sinergias y ahorrar costos con la promesa de precios más bajos para los consumidores, su expansión en las diferentes regiones del país ve “decrecer y morir toda la pequeña actividad comercial aledaña y la tendencia inevitable es el aumento de su participación en el comercio del área y el desaparecimiento definitivo de los comercios más pequeños”.
Algo que es rechazado por representantes de D&S, citados en el informe, que aseguran que un 51,02% de los abarrotes vendidos por la cadena son adquiridos a los proveedores agrupados en la Asociación Gremial de Industrias Poveedoras (AGIP). “Sin embargo –concluye el estudio- esta organización representa sólo el 1,43% de los proveedores, estando conformada por 29 grandes empresas, la mayoría trasnacionales”.
“La mayor parte de los proveedores está sometido a los arbitrios de los grandes supermercados, que les imponen los precios, reciben su mercadería sólo a consignación, les aplican gastos de administración, publicidad y ubicación en los escaparates, les traspasan los costos de las rebajas, liquidaciones o promociones, e incluso de aquéllos vinculados a derrames, pérdidas, antigüedad, obsolescencia o desestacionalidad cuando el producto no se vende. Se estima que entre el 20% y el 25% de los ingresos de los supermercados proviene de los pagos que reciben de sus proveedores”, asegura Gariazzo. Por lo mismo se calcula que 850 mil trabajadores de pequeñas y medianas empresas (Pymes) han quedado cesantes en los últimos cinco años.
El tema pasa, según un proveedor de la cadena Tottus, por exigencias difíciles de sostener en el tiempo para las Pymes. “Cuando abren un nuevo local, nos mandan una factura para financiarlo, sin consultarnos. Y cuando se les ensucia la mercadería la devuelven sin más. Es tremendo, pero uno tiene que aguantar y agachar el moño, porque si no nos quedamos sin nuestros principales clientes”, explica. Además los pagos a fecha, con períodos de espera de hasta 90, 120 y más días, pueden hacer colapsar los planes de pequeños proveedores. De hecho, en un informe sobre las Pyme citado en la investigación de la Cámara de Diputados “se indica que la mayor dificultad que enfrenta el sector no son las deudas tributarias y previsionales, sino las condiciones que imponen los grandes clientes”.
Dumping laboral y denuncias de maltrato
El modus operandi detrás del uso de diversas razones sociales, conocido como rutificación, usado en mayor medida por D&S, holding de propiedad de Nicolás y Felipe Ibáñez.
El uso de múltiples razones sociales ha sido cuestionado por Bernardo Matte, presidente de Colbún y miembro de uno de los tres grupos económicos más importantes del país. “No es razonable que una empresa tenga 150 RUT”, dijo en una entrevista de fines del año pasado, en directa referencia a D&S, compañía que tiene cien razones sociales más que Cencosud, de propiedad de Horst Paulmann.
Uno de los consultados contó que denominaban este modelo como “la santa yapa”, “porque se va un trabajador full time y llegan dos o tres part time por el mismo sueldo, lo cual debilita al movimiento sindical”.
El modelo part-time, establecido originalmente como una labor remunerada para estudiantes, asegura el informe, es usado en muchos casos para contratar con menor sueldo a empleados que han sido despedidos de los mismos supermercados. Si un recepcionista gana 441 mil pesos en Economax, el empresario lo despide y luego lo contrata por un sueldo de 180 mil pesos.
El trabajo de los empaquetadores, en muchos casos niños y jóvenes menores de edad que están en situación de precariedad laboral. En su agenda legislativa, el ministerio del Trabajo tiene un proyecto que buscará normar la contratación infantil para resguardar los derechos y deberes de los empaquetadores que apenas trabajan por la propina, sin resguardo ante accidentes laborales.
En síntesis, “al igual que en el modelo Wall-Mart, las cadenas nacionales señaladas pagan directa o indirectamente salarios muy bajos y externalizan a la comunidad costos laborales, de seguridad social, de desechos y desperdicios”, asegura la investigación. Es la cifra negra de las ganancias anuales, que la pagan trabajadores y clientes. Estos últimos son el otro eslabón de la cadena.
Tarjetas, cuotas y sobrendeudamiento
Como en la práctica los grandes del rubro funcionan como megamercados con operaciones a gran escala, que venden todo tipo de productos (vestuario, bicicletas, línea blanca, marcas propias, computadores), expandiéndose al negocio de los seguros, agencias de viajes y los servicios financieros, la competencia se hace virtualmente imposible para el comercio al detalle, debido a los bajos precios y la oferta indiscriminada de crédito para consumidores no aceptados por el sector bancario y que debido a sus bajos sueldos sobreviven a costa del endeudamiento.
Según el informe “las tiendas prácticamente obligan a los consumidores a tener tarjeta de crédito, amarrando a éstas promociones y rebajas o vinculándolas a otras compras. Las posee casi el 80% de la población consumidora y pagan tasas de interés anuales de entre 40 y 60%. (Pese a que) las cadenas reciben del sistema financiero créditos con tasas de interés como máximo de un 7% anual. Por lo tanto, aunque estas cadenas no vendieran nada, ya tendrían ganancias sólo por el costo del dinero”.
Además, se aplican cargos fijos por administración y mantención de las tarjetas de crédito de casas comerciales y supermercados “que fluctúan entre los $ 495 mensuales o $ 5.940 anuales y $1.706 mensuales o $ 20.472 anuales. Así mismo, la mitad de las tarjetas efectúan cargos por cada transacción o compra realizada”.
“Aunque su orientación primitiva fue netamente comercial, enfatizando la alta rotación de inventarios y la mantención de elevados índices de liquidez (privilegio del pago al contado), desde la década del 1980 el negocio del retail fue derivando hacia la venta a crédito y la obtención de ingresos adicionales por intereses y comisiones. Es decir, se evolucionó desde la actividad comercial hacia la financiera”, concluye la investigadora.
El documento de más de cien páginas incluido en el informe final de la Comisión (aprobado en la Cámara de Diputados) es una radiografía al retail y a las grandes cadenas de supermercados que detalla su modelo de negocios, calificado como heredero del empresario norteamericano Sam Walton (calificado como el “inventor” del supermercado moderno) y su cadena transnacional Wallmart, cuestionada en Estados Unidos por maltrato laboral reiterado y por haber barrido con el comercio minorista en las comunas pequeñas donde se instalaron locales de la cadena.
La pesadilla de los chicos
Las cadenas dominantes (Cencosud y D&S) se han caracterizado por ampliarse geográficamente hasta alcanzar la casi total dominación del negocio afectando al comercio minorista, aunque el proceso de concentración de propiedad no es exclusivo de las grandes cadenas de supermercados sino “una característica común a toda la actividad económica de nuestro país, donde el 1% de las empresas chilenas concentra más del 80% de las ventas totales nacionales”, señala la investigación.
El sector ha tenido una progresiva rentabilidad y emplea alrededor de 1,1 millones de personas.
Pero detrás de las cifras y los argumentos de generar sinergias y ahorrar costos con la promesa de precios más bajos para los consumidores, su expansión en las diferentes regiones del país ve “decrecer y morir toda la pequeña actividad comercial aledaña y la tendencia inevitable es el aumento de su participación en el comercio del área y el desaparecimiento definitivo de los comercios más pequeños”.
Algo que es rechazado por representantes de D&S, citados en el informe, que aseguran que un 51,02% de los abarrotes vendidos por la cadena son adquiridos a los proveedores agrupados en la Asociación Gremial de Industrias Poveedoras (AGIP). “Sin embargo –concluye el estudio- esta organización representa sólo el 1,43% de los proveedores, estando conformada por 29 grandes empresas, la mayoría trasnacionales”.
“La mayor parte de los proveedores está sometido a los arbitrios de los grandes supermercados, que les imponen los precios, reciben su mercadería sólo a consignación, les aplican gastos de administración, publicidad y ubicación en los escaparates, les traspasan los costos de las rebajas, liquidaciones o promociones, e incluso de aquéllos vinculados a derrames, pérdidas, antigüedad, obsolescencia o desestacionalidad cuando el producto no se vende. Se estima que entre el 20% y el 25% de los ingresos de los supermercados proviene de los pagos que reciben de sus proveedores”, asegura Gariazzo. Por lo mismo se calcula que 850 mil trabajadores de pequeñas y medianas empresas (Pymes) han quedado cesantes en los últimos cinco años.
El tema pasa, según un proveedor de la cadena Tottus, por exigencias difíciles de sostener en el tiempo para las Pymes. “Cuando abren un nuevo local, nos mandan una factura para financiarlo, sin consultarnos. Y cuando se les ensucia la mercadería la devuelven sin más. Es tremendo, pero uno tiene que aguantar y agachar el moño, porque si no nos quedamos sin nuestros principales clientes”, explica. Además los pagos a fecha, con períodos de espera de hasta 90, 120 y más días, pueden hacer colapsar los planes de pequeños proveedores. De hecho, en un informe sobre las Pyme citado en la investigación de la Cámara de Diputados “se indica que la mayor dificultad que enfrenta el sector no son las deudas tributarias y previsionales, sino las condiciones que imponen los grandes clientes”.
Dumping laboral y denuncias de maltrato
El modus operandi detrás del uso de diversas razones sociales, conocido como rutificación, usado en mayor medida por D&S, holding de propiedad de Nicolás y Felipe Ibáñez.
El uso de múltiples razones sociales ha sido cuestionado por Bernardo Matte, presidente de Colbún y miembro de uno de los tres grupos económicos más importantes del país. “No es razonable que una empresa tenga 150 RUT”, dijo en una entrevista de fines del año pasado, en directa referencia a D&S, compañía que tiene cien razones sociales más que Cencosud, de propiedad de Horst Paulmann.
Uno de los consultados contó que denominaban este modelo como “la santa yapa”, “porque se va un trabajador full time y llegan dos o tres part time por el mismo sueldo, lo cual debilita al movimiento sindical”.
El modelo part-time, establecido originalmente como una labor remunerada para estudiantes, asegura el informe, es usado en muchos casos para contratar con menor sueldo a empleados que han sido despedidos de los mismos supermercados. Si un recepcionista gana 441 mil pesos en Economax, el empresario lo despide y luego lo contrata por un sueldo de 180 mil pesos.
El trabajo de los empaquetadores, en muchos casos niños y jóvenes menores de edad que están en situación de precariedad laboral. En su agenda legislativa, el ministerio del Trabajo tiene un proyecto que buscará normar la contratación infantil para resguardar los derechos y deberes de los empaquetadores que apenas trabajan por la propina, sin resguardo ante accidentes laborales.
En síntesis, “al igual que en el modelo Wall-Mart, las cadenas nacionales señaladas pagan directa o indirectamente salarios muy bajos y externalizan a la comunidad costos laborales, de seguridad social, de desechos y desperdicios”, asegura la investigación. Es la cifra negra de las ganancias anuales, que la pagan trabajadores y clientes. Estos últimos son el otro eslabón de la cadena.
Tarjetas, cuotas y sobrendeudamiento
Como en la práctica los grandes del rubro funcionan como megamercados con operaciones a gran escala, que venden todo tipo de productos (vestuario, bicicletas, línea blanca, marcas propias, computadores), expandiéndose al negocio de los seguros, agencias de viajes y los servicios financieros, la competencia se hace virtualmente imposible para el comercio al detalle, debido a los bajos precios y la oferta indiscriminada de crédito para consumidores no aceptados por el sector bancario y que debido a sus bajos sueldos sobreviven a costa del endeudamiento.
Según el informe “las tiendas prácticamente obligan a los consumidores a tener tarjeta de crédito, amarrando a éstas promociones y rebajas o vinculándolas a otras compras. Las posee casi el 80% de la población consumidora y pagan tasas de interés anuales de entre 40 y 60%. (Pese a que) las cadenas reciben del sistema financiero créditos con tasas de interés como máximo de un 7% anual. Por lo tanto, aunque estas cadenas no vendieran nada, ya tendrían ganancias sólo por el costo del dinero”.
Además, se aplican cargos fijos por administración y mantención de las tarjetas de crédito de casas comerciales y supermercados “que fluctúan entre los $ 495 mensuales o $ 5.940 anuales y $1.706 mensuales o $ 20.472 anuales. Así mismo, la mitad de las tarjetas efectúan cargos por cada transacción o compra realizada”.
“Aunque su orientación primitiva fue netamente comercial, enfatizando la alta rotación de inventarios y la mantención de elevados índices de liquidez (privilegio del pago al contado), desde la década del 1980 el negocio del retail fue derivando hacia la venta a crédito y la obtención de ingresos adicionales por intereses y comisiones. Es decir, se evolucionó desde la actividad comercial hacia la financiera”, concluye la investigadora.
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