El negocio de las AFP

Concentración y mercado no competitivo en el negocio de las AFP

por Alexis Guardia B.

Después de 25 años de funcionamiento del sistema privado de pensiones, el alto grado de concentración alcanzado, en términos de oferentes de servicios (AFP) confirma una vez más que en el desarrollo de una economía de mercado, propio por lo demás al desarrollo capitalista, la tendencia natural es llegar a concentrar la propiedad de la oferta; la realidad y la literatura económica es abundante en demostrarlo.

Actualmente solo existen 6 AFP, después que el sistema comenzara con 12 operadores y llegara a un máximo de 21 en 1994. Es así como a través de un proceso progresivo de fusión y absorción, la AFP “Provida” administra los fondos del 43% de los afiliados y la AFP “Habitat” administra un 24%.

Esta concentración no solo trae consigo muchas consecuencias económicas, también arrastra efectos en el ámbito de la distribución del poder en la sociedad.

La explicación es muy simple y casi obvia, las AFP canalizan el ahorro obligatorio de los trabajadores hacia la compra de acciones y bonos de preferencia de grandes empresas domesticas y extranjeras.

Así, a fines del 2005 los seis fondos de pensiones administraban activos por 74,8 mil millones de dólares, equivalente a dos tercios del PIB de ese año, de los cuales 30% estaba invertido en el extranjero y un 47% en instrumentos de renta variable (acciones).

Con el paquete de acciones que estas Administradoras poseen pueden nombrar parte del directorio en las más importantes empresas, y desde allí hacer los negocios pertinentes de expansión o creación de nuevas filiales en variados campos incluidos el de los medios de comunicación, seguros y establecimientos Universitarios.

La convergencia del proceso de privatización durante el régimen militar y la participación de las AFP en la canalización de capitales generados por los trabajadores, fue reproduciendo una nueva estructura de poder en la economía en torno a nuevos y tradicionales grupos económicos. Por otra parte la tecnocracia que acompaño al régimen militar también hizo su entrada en la nueva estructura de poder económico. Ministros y altos ejecutivos del régimen pasaron a ocupar directorios y puestos gerenciales en las AFP o en empresas en que ellas tenían presencia

Sin embargo, justo es recordar que después de 16 años de gobierno de la Concertación también comienzan a registrase este mismo tipo de desplazamientos de la tecnocracia gubernamental concertacionista hacia los directorios de las AFP.

A diferencia de Estados Unidos o Europa, donde el uso de cuentas de capitalización individual es un acto voluntario y complementario al sistema de reparto que sí es obligatorio.

En el caso de Chile, a los trabajadores se les descuenta mensualmente del salario bruto una cotización obligatoria en torno al 12,4% y con un límite de 60 Unidades de Fomento. De este porcentaje, por ley un 10% va a las cuentas individuales de ahorro previsional, y la diferencia del orden del 2,4% va dirigido a financiar los seguros de invalidez, y sobrevivencia ( en general con Compañías de Seguros coligadas a las AFP) y la comisión para la AFP.

Finalmente existe una comisión de un monto fijo que cada AFP cobra según su criterio, independiente del nivel de sueldo bruto y por tanto regresiva

Sin embargo estas comisiones fijas rara vez han significado más del 10% del total de ingresos por

¿De cuánto son las ganancias no competitivas que capturan las AFP?

¿Es demasiado elevado el costo de administración del sistema previsional?

En lo que se refiere a las ganancias anormales resultado del bajo nivel de competencia se puede observar a través de las relativamente altas rentabilidades (patrimonial) de las AFP respecto al sistema financiero-bancario.

En efecto estas han estado siempre por arriba, salvo el periodo 1994-96 que tienden a igualarse, pero a partir de 1997 estas se han empinado del 20% al 32%, para situarse en los últimos tres años en torno al 28% en tanto las rentabilidades del sistema financiero fluctúan entre el 10% y el 20% para el mismo período

Más aún expertos en cuestiones previsionales y académicos de la Universidad Católica concluían en un estudio que el negocio de la administración de pensiones habría generado rentabilidades de 53% en promedio entre 1999 y 2003 habida cuenta de los activos intangibles .

No es de extrañar entonces que según distintos estudios de empresas consultoras, los gerentes generales de AFP son los ejecutivos mejor pagados del sector privado con una remuneración liquida de 23 mil dólares mensuales en el año 2000.

Entre los años 1994 y 1999 se produce una disminución de las AFP de 21 a 8, y en ese período la competencia se hace por vía de los gastos comerciales (más vendedores y regalos para nuevos afiliados) pero no por comisiones más bajas. Se trata del clásico problema de la competencia oligopólica que se compite por diferenciación del producto y no por precios, cuestión coherente con el hecho de que ya en 1994 tres AFP concentraban el 67% de los afiliados (Provida, Habitat, Santa María).

En los períodos en que existió una lucha por conquistar partes relativas del mercado y lograr economías de escala, no hubo en consecuencia competencia de precios sino de marketing, con lo cual se revela el carácter oligopólico que siempre ha tenido este mercado.

¿Que sentido tiene ahora que los trabajadores, que son además clientes cautivos, comparen y busquen la AFP mas conveniente a sus necesidades si la tarifa es prácticamente una sola?

Abrir el negocio de las pensiones a nuevos actores podría a conducir a comisiones mas bajas, ¿por que entonces no dejar entrar a los bancos chilenos que tienen infraestructura de sucursales, base de clientes y gama de servicios financieros?

En su origen se excluyo a los bancos locales de este negocio, no solo porque los bancos estaban a comienzos de la de la década del ochenta colapsados, sino por otras razones que siguen vigentes. De tal modo que las AFP son de giro único y los bancos no pueden entrar al negocio. Deseos no le faltan a este sector para entrar pero el desembarco de los bancos en el negocio de pensiones no garantiza un mercado más competitivo y es muy difícil impedir el conflicto de intereses entre las demás áreas de negocios de los bancos así como difícil es evitar la venta ligada de productos financieros.

Sin embargo, la presencia de los bancos o de los grupos empresariales dueños de ellos están ya en la propiedad de varias de las AFP, particularmente los grupos de bancos extranjeros tales como el Citigroup, y los españoles Santander y BBVA, pero los bancos no administran directamente los fondos de pensiones.

La entrada de los bancos al negocio de pensiones plantea potenciales conflictos de interés que pueden terminar afectando a los trabajadores cotizantes pues podrían generarse inversiones mas riesgosa de los fondos, o acentuar las tendencias concentradoras pues se trataría de un operador que esta en dos mercados; si una empresa que necesita financiamiento y para ello emite bonos, lógicamente los bancos están interesados en colocar estos bonos pero si al mismo tiempo ellos pueden comprar estos bonos por las vías de la colocación de los fondos de pensiones en inversiones entonces habrá un numero limitado de bancos que controlarían el mercado del crédito y que además controlan el mercado de las AFP.

Para concluir parece cada vez mas evidente que para contrabalancear el enorme poder que administran actualmente seis AFP, es dar origen a una AFP pública que de acuerdo a los antecedentes del Instituto Nacional de Previsión(INP) ellos pueden trabajar con costos de administración y con márgenes de ganancias mas bajos que los del sector privado, sin sacrificar eficiencia.

AFP otra desigualdad

Informe Marcel: Mucho peor de lo esperado
por Manuel Riesco

El diario La Tercera (22/6/2006) ha adelantado el contenido del informe de la comisión asesora para la reforma provisional, el que ha sido anticipado a la comisión interministerial encargada de preparar el proyecto de ley respectivo. Según informa el diario, el contenido del informe incluye uno de los cambios más resistidos a nivel político, como es el aumentar la edad de jubilación de las mujeres.

No sólo eso. Rebajan la pensión mínima (la "escalonan"), aumentan los aportes al sistema de los afiliados y el Estado, rebajan más aún las regulaciones sobre la discrecionalidad de las AFP para manejar los fondos y sacarlos al extranjero, no tocan la estructura de la industria, excepto cosmética que no cambiará nada.

Desde luego, el modelo basado exclusivamente en la capitalización individual sigue intacto. En resumen, imposible peor.

El país entero debe darles una respuesta contundente, algo de lo cual se ha insinuado en el rechazo inmediato, unánime e indignado que tales “propuestas” han provocado.

La composición de la referida comisión, integrada mayoritariamente por personeros estrechamente apegados a la industria y al modelo, no auguraba nada bueno. Tampoco las declaraciones de su presidente. Ello fue denunciado en su momento, entre otros por Cenda, en carta enviada a la Presidenta de la República. Ahora, según confirma la Tercera,” dicha mayoría se ha expresado en el contenido del informe evacuado.

Ni los más pesimistas, sin embargo, esperaban un informe tan desatinado como el que publica La Tercera. La comisión asesora se ha superado a si misma.

Es completamente inaceptable la pretensión de subir la edad de jubilación a las mujeres. Ello significa dejar establecida la pérdida de derechos que en la práctica el sistema de AFP significa para ellas. Es decir, en lugar de corregir un sistema que está entregando menos derechos que los que otorga el sistema antiguo, se opta por rebajar los derechos para adecuarlos a aquellos disminuidos que pueden ofrecer las AFP.

En el sistema antiguo, las mujeres chilenas tienen derecho a jubilar a los 60 años, exactamente en las mismas condiciones que los hombres a los 65. En ambos casos, el monto de su jubilación se calcula en base a sus últimas remuneraciones y el número de cotizaciones, y en el caso de las mujeres, se les abonan cotizaciones adicionales por maternidad.

Ciertamente, todas las pensiones del antiguo sistema son de por vida, y benefician también a las sobrevivencias. En las AFP, en cambio, las mujeres -también los casados- tienen menores jubilaciones que los hombres solteros, aunque sus fondos sean iguales.

Según el mecanismo de cálculo de las AFP, ellas deben financiar una sobrevivencia promedio mayor. Adicionalmente, si una persona determinada tiene la mala suerte de sobrevivir más allá de la expectativa de vida promedio, la pensión se reduce a la mínima si era antes de un monto superior, o simplemente se extingue, puesto que los fondos se acaban.

Ahora, se pretende además impedirles que jubilen a los 60 años. Aún a los 65, sus pensiones seguirán siendo inferiores a las de los hombres.

En Chile actualmente, por ejemplo, 2/3 de los adultos mayores son mujeres, las que por otra parte conforman poco más de 1/3 de los cotizantes.

Todos los sistemas se basan, asimismo, en el principio que los activos mantienen a los pasivos, y siempre los que contribuyen más aportan a los que contribuyen menos.

Adicionalmente, los derechos previsionales se adquieren siempre de la misma manera – existe un mínimo para todos, y de ahí para arriba se reparte según los aportes efectuados durante la vida activa. La principal diferencia entre unos sistemas y otros es la institución que media entre pasivos y activos, garantizando a los primeros la solidaridad de los segundos.

En el sistema arcaico, dicha mediación y garantía corrían por cuenta de la familia. En los sistemas de reparto corren por cuenta del Estado, mientras en la capitalización “a la chilena,” descansan principalmente en las empresas privadas.

En el primer caso, el Estado recauda cotizaciones a los activos y las reparte de inmediato entre los pasivos.

En el segundo caso, las empresas reciben la mayor parte de las cotizaciones – en el caso chileno a partir de 1981, el 80% de ellas ha ido a parar a manos de un reducido grupo de grandes conglomerados privados, uno de los cuales es el propietario de “La Tercera” -, a cambio de la promesa de devolverlas incrementadas más adelante.

Naturalmente, de cumplirse tal promesa, serán los trabajadores activos de ese momento quienes aportarán los flujos de utilidades y pagos de intereses a partir de los cuales se pagarán las jubilaciones de los pasivos de entonces.

Asimismo, quienes aportan más a dichos flujos aportarán más al pago de las acreencias de los jubilados. En los sistemas de reparto, el Estado está en condiciones de garantizar pensiones definidas, porque conoce con precisión las recaudaciones de los cotizantes, las que siempre crecen además, incluso durante las recesiones.

En la capitalización, en cambio, los retornos de las empresas y también los derechos de los jubilados, están sujetos a las fluctuaciones de las bolsas y los tipos de interés, los cuales a su vez dependen de los ciclos económicos. En muchos casos, las empresas que recibieron las cotizaciones originales habrán dejado de existir, o no estarán en condiciones de cumplir lo prometido, con lo cual buena parte de aquellas habrán ido a fondo perdido.

Esa es la experiencia de sistemas de capitalización que fracasaron rotundamente, como del que existía en Francia durante la entreguerra, y tuvieron que ser reemplazados por sistemas de reparto.

Los únicos sistemas de capitalización que han subsistido son administrados por el Estado y los propios cotizantes, y están invertidos casi en su totalidad en instrumentos de renta fija o en bienes raíces, como el de Singapur o el de Suiza.

Como se puede apreciar, el nivel de conocimiento y la profundidad que reflejan tales opiniones son parecidos a los que evidencian algunos pegajosos “analistas” políticos, que lo único que demuestran es que nunca la han practicado, ni siquiera dirigiendo un consejo de curso. En lugar de aumentar la edad de jubilar de las mujeres, lo que se requiere es establecer un mecanismo diferente, que entregue pensiones definidas y dignas a todos, hombres y mujeres, casados y solteros.

En la propuesta de Cenda a la comisión asesora (ver www.cendachile.cl), se propone y fundamenta, fijar como base mínima los beneficios que hoy día otorga el sistema antiguo. Es decir, recalcular las pensiones de todos los jubilados por AFP, de modo subir sus pensiones al mismo nivel que hubiesen tenido bajo el régimen antiguo. Adicionalmente, se propone mejorar el mecanismo de cálculo de estas pensiones definidas, siguiendo un modelo adoptado recientemente en Suecia, que considera no sólo las últimas remuneraciones, sino todas las contribuciones de la vida de los afiliados.

Para financiar este cambio no es necesario aumentar las obligaciones de los afiliados, es decir, basta con el 12.5% de descuento actual. Sin embargo, si es necesario redirigir parte de dicho descuento al restablecimiento gradual del sistema de reparto.

Como se muestra en dicho estudio, las cotizaciones actuales suman 1.9 billones de pesos anuales (millones de millones), mientras que el costo de las jubilaciones pagadas por el INP, las que cubren a tres cuartas partes de los adultos mayores, es de 1.5 billones anuales.

Es decir, las cotizaciones actuales bastarían para otorgar a todos os adultos mayores pensiones de un nivel similar al del INP. adicionalmente, el estudio muestra que el flujo de cotizaciones crece constantemente y a una tasa anual promedio de 6%, mientras que el número de adultos mayores crece sólo al 3% anual.

Puesto que actualmente el fisco paga todas las pensiones de vejez, el fondo de reparto inicial tendría que corregir sólo las jubilaciones de vejez de las AFP, que son alrededor de 130 mil. Para ello basta con redirigir al fondo de reparto dos o tres puntos porcentuales, de los 12.5 que se descuentan a los salarios. Es decir, basta con eso para restituir a todos los jubilados por AFP los derechos que gozan quiénes están en el INP, incluido el restituir a todas las mujeres el derecho a jubilar a los 60 años en las mismas condiciones que los varones a los 65.

Esta propuesta es perfectamente factible y moderada. No crea distorsión alguna sobre la economía, no implica tocar los fondos acumulados ni aumentar los descuentos ni a los trabajadores ni a las PYME.

Tampoco genera cargo alguno sobre el fisco. Solo requiere, por cierto, abandonar gradualmente el sacrosanto principio de la capitalización individual y avanzar gradualmente hacia un sistema más equilibrado, que combine reparto y capitalización. Por otra parte, es completamente inaceptable, reducir la pensión mínima, so pretexto que ello es requisito para aumentar la cobertura.

El "escalonamiento" propuesto por la comisión asesora no es otra cosa que un eufemismo para rebajar la pensión mínima. En efecto, a los que tienen 20 años se les otorga el mínimo, a los que tengan 10 media mínima.

¿Cual es el mínimo entonces, el entero o la mitad?

Por el contrario, es necesario y perfectamente factible establecer el derecho universal a una pensión pública básica de un valor mínimo de 100 mil pesos mensuales.

Las medidas propuestas por la comisión asesora tampoco afectan en nada a la industria de AFP. Por el contrario, aumentan su margen de discrecionalidad en la inversión de los fondos. La licitación de paquetes de afiliados es una medida cosmética. La inclusión de los bancos, sin cambiar la estructura de la industria, aumentará la concentración en lugar de disminuirla.

En efecto, sólo quedarán AFP que tengan bancos coligados, como ocurre ahora con las principales. Lo que se requiere, por el contrario, es cambiar la estructura de la industria. Establecer un sistema nacional de pensiones, en el cual la afiliación de todos sea al INP.

Dicha institución deberá centralizar la recaudación y los pagos, así como todas las demás funciones que tengan economías de escala. Ciertamente, dicha institución luego verá como opera dicho sistema, pudiendo subcontratar servicios con varios operadores, como lo hace hoy.

Actualmente el INP recauda y paga más cotizaciones y pensiones que el conjunto de las AFP. Bien puede hacerse cargo de todas estas funciones, a un costo mínimo.

La gestión de los fondos bien puede dispersarse en muchos operadores, como se hace en Suecia, en que un sistema de estas características cuenta con 600 operadores de fondos, incluyendo uno estatal, que es el más importante.

Finalmente, es inaceptable sobre todo la pretensión de mantener la capitalización como pilar exclusivo del sistema de pensiones chileno.

Ello condena a la clase media a pensiones inciertas, en las cuales todas las mujeres quedan con pensiones inferiores. Adicionalmente, los chilenos no van a aceptar que durante otros veinte años, sus cotizaciones se destinen a préstamos y aportes a grandes empresas privadas, como ha venido ocurriendo desde que se privatizó el sistema de pensiones.

En efecto, como muestra un reciente estudio de Cenda entregado a la comisión asesora, entre 1990 y 2005, los trabajadores aportaron 23 billones de pesos (millones de millones de pesos 2005) a las AFP y compañías de seguros coligadas.

En el mismo período, éstas pagaron pensiones por 4.4 billones. Sin embargo, al mismo tiempo, el fisco les traspasó bonos de reconocimiento por 4.4 billones.

Es decir. ni un solo peso de las cotizaciones se utilizó para pagar pensiones.

¿Adonde fue entonces el dinero?

Parte importante, -2,5 pesos de cada 12,5 pesos cotizados- se lo embolsaron las propias AFP y compañías de seguro coligadas.

Otra parte, equivalente al 20% del fondo final, se prestó al fisco.

El grueso, sin embargo, el 80% del fondo total, se prestó a grandes conglomerados económicos. Un 30% del total está en el extranjero, la mitad en manos de sólo ocho fondos de inversión.

El 50% del total está en manos de 20 empresas que operan en Chile, y la mitad en manos de sólo 13 grupos económicos.

Eso no puede continuar.

Es necesario que las cotizaciones vuelvan a utilizarse para pagar pensiones. Para ello es indispensable reponer gradualmente el sistema de reparto, y reducir gradualmente la capitalización a un rol complementario, como existe en países más avanzados. Sólo medidas de esta naturaleza generarán un sistema capaz de concitar amplio consenso nacional.

Así lo han afirmado recientemente académicos de prestigiosas universidades y centros de estudios, que representan a un amplio arco político (ver www.cendachile.cl). Sus recomendaciones deben ser ahora tomadas en cuenta por la comisión interministerial. El informe de la comisión asesora, en cambio, deberá ser archivado en el museo de la inequidad, como tantas otras medidas de un período neoliberal que vive sus últimos estertores.

EL PAIS DE LOS PRIVILEGIADOS

Aunque en Chile opera un sistema de libre mercado, muchos consideran que el país sigue lleno de normas que limitan la competencia y crean privilegios, monopolios y distorsiones. En el primer estudio del Observatorio Económico de la Universidad Alberto Hurtado, el economista Claudio Agostini identificó -a su juicio- a diez grandes privilegiados por estas normas. Y no todos, dice, son conservadores de Bienes Raíces. También están en el mar, en el aire, en los desiertos, en el frío y en las salas de clases.

PorClaudio Agostini

Los economistas creemos firmemente que la libre competencia es motor de crecimiento económico y permite una asignación eficiente de los recursos. Por eso no nos gustan los monopolios y sí el libre mercado. Hay algunos que creen lo contrario y consideran que una economía de mercado genera sólo desigualdad, razón por la que se necesitan más protecciones y regulaciones. Y existen otros pocos que dicen creer en la libre competencia, pero cuando les toca competir, encuentran siempre una buena razón para pedir y obtener privilegios que se lo hagan innecesario.

En su libro "Barrera a la riqueza", Stephen Parente y el Nobel de Economía Edward Prescott argumentan que las grandes diferencias de ingreso entre países se deben, principalmente, a la falta de libre competencia y a los privilegios obtenidos por grupos de presión en los países más pobres.

Es tentador pensar que este mensaje no es para Chile: menos corrupto, más transparente y con más libre mercado que la mayoría de los países pobres y en vías de desarrollo. Sin embargo, los grupos privilegiados aquí son mayores de lo que muchos creen.

A continuación, algunos ejemplos relevantes:

1. Archiveros, notarios y conservadores

Los número uno en la lista son, sin duda, los notarios, archiveros y conservadores de Bienes Raíces. No sólo disfrutan de un monopolio vitalicio, sino que además lo obtienen a través de un proceso que no es precisamente una licitación competitiva y transparente. En 2006 bastó con que el gobierno anunciara una pequeña reforma al sistema para que la asociación que los agrupa se opusiera con fuerza, argumentando que se pondría en riesgo "la fe pública".

¿No existe otra forma de garantizarla que no sea con aranceles altos, lentitud en los trámites, falta de tecnología y poca transparencia en nombrar al garante de esa misma fe pública?

Si de verdad se necesita un servicio de conservadores con características monopólicas, ¿por qué no se licita por un número fijo de años?

Podrían participar quienes cumplan los requisitos necesarios y se le adjudicaría a quien ofrezca las menores tarifas a público.

2. Los agricultores que viven de las bandas

Los agricultores chilenos de oleaginosas, trigo y azúcar gozan de bandas de precios que impiden que tengan que competir con los productos importados. A pesar del fallo en contra de Chile de la Organización Mundial del Comercio por el uso de estas bandas, la Sociedad Nacional de Agricultura insiste en que se mantengan o se entregue un subsidio que compense su eliminación, argumentando que protegen a los pequeños agricultores y que eliminarlas tendría graves efectos sociales.

Sin embargo, la evidencia muestra que favorecen a unos pocos agricultores que no son precisamente los más pobres, mientras el resto de los chilenos comemos pan y azúcar más caros. Entre 1986 y 2003 los consumidores pagamos un sobreprecio por el azúcar que sumó US$ 523 millones, de los cuales un 44% lo recibió Iansa, un 24% los productores remolacheros y un 24% el Fisco.

3. Personas y empresas en regiones extremas

Quienes viven muy al norte o muy al sur, por "hacer patria", tienen enormes beneficios tributarios y subsidios que supuestamente aumentan el empleo y la inversión. Dichos beneficios partieron sólo con zonas francas en Iquique y Punta Arenas en 1975 y tenían fecha de expiración, pero se han renovado e incluso aumentado: abarcan ahora mayores zonas geográficas y llegaron a un costo de casi US$ 100 millones en 2005.

Todo esto a pesar de que la evidencia empírica internacional ha mostrado que este tipo de políticas no tiene efecto en la inversión o en el empleo, pero sí genera aumentos en el contrabando y en las empresas de papel y aumenta los costos de fiscalización y administración del sistema tributario. Hay evidencia en Estados Unidos de que estos regímenes especiales no se ubican precisamente en zonas de mayor desempleo o pobreza, sino que se localizan como resultados de lobby y de la acción de grupos de presión.

4. La construcción con menos IVA

Las constructoras gozan de una exención parcial de IVA desde 1975. La Cámara Chilena de la Construcción se opone a eliminarla; argumenta que aumentarían los precios de las viviendas, lo cual "perjudicaría a la clase media". Sin embargo, los números muestran que esta franquicia cuesta US$ 340 millones al año, de los cuales un 19,4% beneficia a compradores de viviendas sociales y un 45,9% a compradores de viviendas de alto estándar destinadas a ingresos altos. Si se elimina la exención al IVA y se traspasan esos recursos al Ministerio de Vivienda, se podría aumentar el presupuesto para viviendas sociales en un 76%.

5. Transportistas de tierra y mar

Los camiones generan grandes externalidades negativas en términos de contaminación, congestión, mantención de caminos y calles y accidentes de tránsito. Pero no pagan por esos costos, lo cual es un subsidio implícito que distorsiona, además, las decisiones respecto al uso de otros medios de transporte. Para eliminar esos efectos negativos y generar mayor competencia, bastaría con hacer pagar a los camiones por las externalidades que generan. La forma más simple de hacerlo es aumentar los peajes y el impuesto al diésel, que hoy es tres veces más bajo que el impuesto a las gasolinas. Pero la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile realizó un paro el año pasado para exigir que se rebaje el impuesto al diésel y se derogue el decreto que impide que los camiones más viejos, que son los que más contaminan y congestionan, ingresen al interior del anillo Américo Vespucio. La razón que justificaría estas medidas es poder "mantener su condición de pequeños empresarios que cumplen un rol insustituible en la actividad económica".

Los camiones no están solos en el sector transporte. En Chile está prohibido el cabotaje para empresas extranjeras. Es decir, empresas navieras o aéreas extranjeras no pueden transportar carga desde un puerto chileno hacia otro puerto chileno, a pesar de que recalan sin problemas con carga que llega y sale de Chile. Lo mismo ocurre con el transporte de pasajeros, tanto por mar como por aire.

¿Cuál es la justificación para esto, según las empresas chilenas?

Que los otros países hacen lo mismo. En principio parece razonable, pero es una mala razón. Si las empresas extranjeras son más eficientes, estaremos mejor permitiendo que los más eficientes actúen, aunque sean extranjeros. El efecto de esto es igual a lo que ocurrió con la rebaja unilateral de aranceles que adoptó Chile durante los '80 y principios de los 90. No hubo reciprocidad por parte del resto del mundo y como resultado ahora sólo tenemos autos y televisores importados.

¿Estamos peor por eso?

Yo creo que no.

6. Las AFP

Una de las propuestas importantes de la comisión Marcel, en términos de generar más competencia en el mercado de los fondos de pensiones, fue permitir la entrada de nuevos competidores y licitar paquetes de afiliados para que las AFP compitan por captarlos. Sin embargo, la Asociación de AFP se opone a estas medidas. La razón principal es que "entregaría una señal equivocada a los trabajadores, al obligarlos a afiliarse a la AFP más barata, que podría ser menos rentable". Sin embargo, los datos muestran que una mayor competencia bajaría las comisiones cobradas lo suficiente como para que las pensiones aumentaran un 8%.

7. Los oftalmólogos

El área de la salud también está en la lista. Como todos sabemos, los oftalmólogos controlan el número de becas de su especialidad que se asignan anualmente, limitando así la oferta de estos especialistas, que escasean en regiones. La Sociedad Chilena de Oftalmología dice que no es así, pero se opone a que los optometristas puedan recetar lentes ópticos, ya que eso "sería un riesgo para la salud porque la gente iría menos al oculista y no se detectarían enfermedades a tiempo".

8. Los funcionarios públicos con y sin armas

En el caso de los funcionarios públicos, el mejor ejemplo es el estatuto administrativo de 1989, que en la práctica garantiza el empleo independiente de lo bien o mal que alguien haga su trabajo.

Y los miembros de las Fuerzas Armadas no cotizan en AFP como el resto de los chilenos, ni se jubilan a los 65 años, sino que, en promedio, lo hacen a los 48 años y el 85% de sus pensiones lo financiamos entre todos.

Menos conocido es el caso de los prácticos en los puertos, quienes por razones de seguridad son los que hacen las maniobras de todas las naves que zarpan y atracan y las que cruzan algunos canales en el sur. Es decir, cuando un barco viene entrando a un puerto, el capitán de la nave debe entregar el control de ella a un práctico que será quien la recale.

Desde 1978, los prácticos son asignados con nombre y apellido a los barcos que entran a un puerto chileno sin que la empresa naviera pueda siquiera elegir qué práctico quiere usar. Dado que no se puede optar, tampoco se publican los registros respecto al número de accidentes causados por cada práctico en el pasado, o el tiempo promedio que se demora en hacer las maniobras.

Pero aún hay más: para ser práctico no hay concurso público, sino que son nombrados a discreción por la Dirección General de Territorio Marítimo. Como resultado, los prácticos son oficiales activos y en retiro de la Armada, quienes se aseguran así una renta monopólica.

Lo razonable es que exista una lista de condiciones para ser práctico, que cualquiera que las cumpla pueda serlo y que las navieras puedan elegir libremente qué práctico usar. Eso generaría competencia y bajarían las tarifas.

9. Las universidades del Consejo de Rectores y los profesores municipales

En el ámbito de la educación también hay privilegiados que no compiten de igual a igual. Un primer caso es el de las universidades del Consejo de Rectores, constituido arbitrariamente por un grupo de universidades públicas y privadas que tienen privilegios de financiamiento, crédito universitario y acceso a fondos concursables. Si bien desde 1980 se permite la creación de nuevas universidades privadas, el Consejo de Rectores constituye en la práctica un cartel de universidades que se resiste a competir de igual a igual con las nuevas universidades privadas. Hay algunas diferencias que podrían tener una justificación más que razonable, como por ejemplo que las universidades estatales reciban un aporte directo del Estado y las universidades privadas no.

Sin embargo, la Pontificia Universidad Católica de Chile es privada y recibe aporte fiscal directo. ¿Por qué?

Otra potencial razón para favorecer a un grupo de universidades es que realizan investigación, y que las universidades que son sólo docentes no. Ese sí es un buen argumento, pero resulta que hay universidades privadas que tienen más publicaciones científicas, obtienen más proyectos Fondecyt y realizan más investigación que algunas de las universidades del Consejo de Rectores. ¿Por qué no extender esos beneficios a dichas universidades privadas y quitárselos a las que pertenecen al Consejo de Rectores que no cumplen con hacer investigación en cantidad y calidad suficientes?

Un segundo caso en el sector educación es el de los profesores municipales, que gracias al Estatuto Docente de 1992 tienen prácticamente garantizado su empleo y su cargo mientras no renuncien, se mueran o falten a la probidad. Adicionalmente, su estructura de remuneraciones determina que la antigüedad es lo que juega el rol más importante en su sueldo. De hecho, la asignación de antigüedad tiene un reajuste fijo establecido por ley (6,76% por los primeros dos años y 6,66% por cada dos años adicionales).

¿Quién no quisiera un trabajo en el que hay prácticamente inamovilidad y cuyo sueldo depende del paso del tiempo y no de qué tan bien o mal se hace?

10. Los medianos empresarios mineros

La Empresa Nacional de Minería (Enami) entrega alrededor de US$ 12 millones al año en subsidios directos e indirectos a la pequeña y mediana minería.

¿Quiénes reciben esos subsidios?

En teoría, los pequeños mineros pobres. En la práctica, medianos empresarios que arriendan sus propiedades a los pequeños mineros para poder captar el subsidio, o tienen empresas familiares y presionan a través de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami) para obtenerlo.

Ojo: dos miembros del directorio de la Enami son nombrados por la Sonami. Es decir, en las sesiones de directorio donde se discuten los subsidios y los créditos que reciben los pequeños y medianos mineros, incluyendo las renegociaciones, tienen derecho a dos votos los beneficiarios de esos subsidios y créditos.

¿En qué empresa del mundo los clientes o los proveedores tienen 20% de los votos?

¿En qué empresa del mundo el que tiene 100% de la propiedad de la empresa puede nombrar sólo al 70% del directorio?
La lista es aún más larga y sería importante tenerla completa para tomar conciencia de su magnitud. Sería aún mejor si lográramos cuantificar el efecto negativo que tienen en nuestra economía todas las excepciones que favorecen a unos pocos a costa de la mayoría, pero probablemente no hay datos para hacerlo.

Sin embargo, la dificultad en cuantificar sus efectos no puede ser excusa para no hacer cambios profundos, especialmente dado el contexto de reformas microeconómicas que se ha discutido los últimos años con el propósito de hacer más competitiva la economía, aumentar el crecimiento y avanzar en la igualdad de oportunidades.

Necesitamos avanzar al menos en dos direcciones.

En primer lugar, necesitamos generar mayor competencia, por lo que es necesario eliminar todos los privilegios que la reducen. Pese a lo que muchos plantean, no se requieren más regulaciones, sino más mercado. Lo más difícil, sin embargo, es atreverse a quitar los beneficios a fuertes grupos de presión que harán lo imposible para que ello no ocurra.

En segundo lugar, y para prevenir que estas cosas se repitan y aumenten en el futuro, necesitamos una institucionalidad que dificulte la implementación de políticas públicas que benefician a poderosos grupos de interés a costa de la mayoría de los chilenos. Esto implica más transparencia y mayor "accountability" en la toma de decisiones de todas nuestras autoridades.En este último aspecto hay todavía mucho que avanzar.

En el ámbito parlamentario, no sólo la votación de cada diputado y senador en cada proyecto de ley, tanto en sala como en comisiones, debiera ser pública y de fácil acceso para los ciudadanos, sino también su patrimonio y una lista de cada uno de los financistas de su campaña.

Deberían existir también inhabilidades para participar en la discusión y votar en materias donde hay conflictos de interés.En el ámbito gubernamental, hay algunos cambios que son fáciles de implementar, que ya existen en países desarrollados y que ayudarían en la transparencia del gobierno, como que la agenda diaria de entrevistas y reuniones de cada ministro, subsecretario, superintendente y jefe de servicio sea pública y esté fácilmente accesible en la página web institucional.

Finalmente, el Estado debiera tener mecanismos independientes de evaluación de políticas públicas, tanto antes como después de implementarlas. Incluso más: la aprobación presupuestaria debiera estar condicionada a una evaluación independiente que justifique el uso de recursos en dicha política pública.

Un esquema de este tipo se utilizó para aprobar el presupuesto de Enacar y como resultado se terminó cerrando las minas de carbón que generaban enormes pérdidas para el Estado y eran financiadas por todos los chilenos.

Si existiera un sistema de este tipo, ¿mantendríamos todos los privilegios existentes para unos pocos a costa de todos?

La respuesta a esta pregunta podría ser sí; pero lo grave es que en realidad no sabemos la respuesta y al parecer poco importa.

Peor aún: a quienes más les importa, no les interesa ni les conviene que se sepa.

¿Tendremos igualdad de oportunidades así?

¿Podremos llegar al desarrollo de esa forma?

El reino de la desigualdad

Cada vez son menos los que creen el cuento de que un crecimiento de la economía por sobre el 6%, es bueno para todos los chilenos.

La vida ha demostrado brutalmente que el crecimiento va por un lado y el desarrollo del país, por otro. Mientras unos pocos ven crecer sus haberes en 100% o más, muchos otros no tienen ningún haber que se pueda incrementar.

Verdades de este estilo se escucharon en el foro “Construyendo igualdad: ¿Continuidad o ruptura?”. Esas verdades, por ser pan de cada día para la mayoría del país, están lejos de ser revelaciones, pero no es común oírlas públicamente en boca de dirigentes de la propia Concertación.

EL COMPROMISO DE CURANILAHUE
“Durante los gobiernos de la Concertación no se ha avanzado en absoluto hacia una mayor igualdad”, afirmó Roberto Pizarro, recordando, de paso, que esa fue una de las promesas olvidadas de la campaña presidencial de Ricardo Lagos. Incluso citó palabras pronunciadas por “el candidato Lagos” en Curanilahue: “Mejoraremos la distribución del ingreso fortaleciendo las oportunidades de los que han quedado rezagados.

Apoyaremos las Pymes, la capacitación de los trabajadores, el desarrollo de las zonas atrasadas y el mejoramiento del poder de negociación de los más débiles. El reto que asumimos ahora es la lucha contra las desigualdades”.

El reto le quedó grande a la Concertación. Si bien Pizarro reconoció que la desigual distribución de los ingresos se arrastra por décadas, agregó que ésta se profundizó a partir de 1974 con la implementación del modelo neoliberal. “Y entre 1990 y 2000 incluso empeoró”, dijo. Las cifras son claras: en 1990 los ingresos autónomos del decil más pobre correspondían a 1,4% y los del decil más rico, a 42,2%, y en el 2000 eran de 1,1% y 42,3%, respectivamente.

Chile figura entre los doce países del mundo con peor distribución de ingresos, según el Informe de Desarrollo Humano del PNUD (2003) y el Banco Mundial, “lo que contrasta con ser un país de gran libertad económica y bajísimo riesgo país”.

Lo preocupante de esta situación, sobre todo porque la igualdad está estrechamente ligada al ejercicio de derechos humanos y sociales fundamentales, y a la libertad para elegir entre diversas opciones. “Los males sociales, como la delincuencia, la drogadicción y el narcotráfico, tienen alta correlación con la diferencia de oportunidades en la vida entre una persona que vive en La Dehesa y otra que vive en La Pintana”, señaló.

¿Cómo atacar el problema?

Roberto Pizarro cuestionó la visión predominante en la derecha, el centro y parte de la Izquierda, en el sentido que más y mejor educación es la palanca para que las personas salgan del círculo de la pobreza y superen por sí solas las inequidades.

Demostró, con números, las cada vez más abismantes diferencias de recursos y resultados entre las escuelas municipalizadas y las privadas.

Por ejemplo, la prueba Simce 2003, aplicada a los segundos años de enseñanza media, ratificó que se mantiene intacta la brecha que separa a unos de otros: nada menos que 65 puntos de diferencia en castellano y 87 puntos en matemáticas. Sólo cinco colegios municipalizados se encuentran entre los 200 establecimientos con mejores puntajes en la prueba de admisión universitaria (PSU).

“O sea, la calidad educacional es mala, pero no para el 8,5% de los niños ricos que estudian en los colegios privados. ¿Y cuál es la gran diferencia? En esos colegios el gasto por alumno es de 2.772 dólares al año, mientras el gasto público es apenas de 600 dólares anuales por estudiante. Es decir, cinco veces menor. Por lo tanto, los mejores profesores, la mejor infraestructura y los mejores materiales están en los colegios privados”

También se refirió a la forma en que se expresan las desigualdades en todas las esferas de la sociedad, salud, previsión, cultura, medios de comunicación -comenzando por la TV-, y a la situación debilitada del movimiento sindical y su desmedrada capacidad de negociación.

Al mismo tiempo, mencionó otros factores de desigualdad que deberían ser revisados, como la institucionalidad económica y social, que puso fin a la aspiración de igualdad -vía sistemas solidarios- en salud, educación y previsión al cambiar las políticas sociales universales por políticas focalizadas.

A eso se agrega la apertura indiscriminada de la economía, que se ha traducido en una enorme concentración de la riqueza, por un lado, y en el descalabro de la micro, pequeña y mediana empresa, por otro. Este proceso, favorecido por la falta de regulaciones, también incide en lo político debido a los muchos lazos que se tejen entre el sector empresarial y funcionarios del Estado.En su opinión, la única manera de equilibrar realmente la balanza es traspasar recursos de los más ricos a los más pobres, mediante una reforma tributaria progresiva que permita al Estado recibir mayores aportes de las empresas.

Y, además, volver a la universalidad en las políticas públicas; fortalecer los sindicatos y otras organizaciones del mundo social, incluso entregando aportes del Estado con ese propósito; apoyar a las Pymes a través del Banco “del” Estado (es decir, retomando su antiguo nombre y función, etc).

“La profunda desigualdad no resiste más en Chile”, concluyó Pizarro.

TEMA POLITICO
Los comentarios fueron diversos, pero no contradictorios. El rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, se refirió al contrasentido del modelo económico chileno que presenta buenos niveles de crecimiento, pero fracasa en disminuir la brecha social.

Precisó que la desigualdad actúa como un techo para el crecimiento. Mencionó, junto a las grandes inequidades salariales, la desigualdad entre las regiones y entre hombres y mujeres. Y recalcó que “este no es un tema económico, es político”.

Raúl de la Puente se planteó por el cambio del modelo neoliberal, que ha acentuado la desigualdad a nivel mundial. Afirmó que la educación perpetúa la mala distribución del ingreso, y responsabilizó a la legislación laboral de haber debilitado y destruido la capacidad de negociación del movimiento sindical.

Señaló que el camino para un nuevo sindicalismo y un nuevo movimiento social es cuestionar y actuar contra los centros de poder. “Hay que ir más allá de las reivindicaciones corporativas para pronunciarse sobre los grandes problemas nacionales y del mundo”, dijo. En ese sentido, rescató los últimos planteamientos de la CUT, Anef y del Foro Social Mundial.

Para Jorge Arrate, “la inequidad es un tema económico-social, político y cultural que requiere un conjunto masivo de medidas”, lo cual demanda un esfuerzo colectivo. En ese sentido, propuso formar “un gran pacto nacional por la igualdad” que vaya más allá de los partidos.“¿Para quién ha gobernado la Concertación durante todos estos años, a la luz de los registros mencionados aquí, que tienen que ver con la distribución del ingreso y los niveles de equidad? ¿Cuál es el sentido de proyectar la Concertación tal cual la conocemos hoy?”, preguntó Carlos Ruiz, de La SurDA, luego de analizar las transformaciones gestadas por la dictadura y profundizadas por la coalición gobiernista. “La Concertación fracasó en devolverle a esta sociedad la humanidad perdida en las últimas décadas, a partir de la experiencia autoritaria”, afirmó. Y añadió que el desafío inmediato es la constitución de una nueva fuerza social y política, para volver a pensar en otro modelo de sociedad. Se precisa un esfuerzo de articulación en una alianza amplia, no sólo contra el neoliberalismo, sino también contra el ordenamiento político actual, en particular el binominalismo. “De lo contrario, poco vamos a avanzar más allá de la crítica en la tarea de la equidad, la democracia y otras cruzadas que tenemos por delante”, sostuvo.

Carlos Altamirano destacó el enorme desarrollo que ha tenido la derecha en todo el mundo -a nivel de partidos, instituciones, Iglesia Católica, etc.-; el atraso cultural de Chile que se refleja, especialmente, en el conservadurismo con que se abordan temas como la eutanasia, el aborto y la anticoncepción, y la desigualdad constitucional mediante la cual “los militares eligen cuatro senadores, la misma cantidad que eligen en Santiago cinco millones de ciudadanos”.

También insistió en la necesidad de crear fuerza política con capacidad para hacer la “gran reforma intelectual y moral de este país. Mientras no exista fuerza política, toda apelación a darle más cabida a las Pymes, etc., no tendrá mayor asidero -dijo-.

El gobierno de la Concertación asumió íntegramente el proyecto neoliberal; dudo que exista un país que aplique una política neoliberal más extrema que Chile (...)

Por eso, lo fundamental es crear esa fuerza política, incluso de orden testimonial, aunque no se alcance el poder (...), una fuerza que pueda ir abriendo en el país una perspectiva distinta a los chilenos”.

Y agregó: “Como Concertación, somos retaguardia de la historia”.

También criticó a quienes eran de Izquierda y hoy aceptan totalmente el modelo neoliberal. En su opinión, “la real vanguardia del pensamiento político no está en los partidos, sino en los grandes movimientos sociales mundiales, feministas, ecologistas, de derechos humanos...” a partir de los cuales se puede ir configurando una nueva perspectiva histórica... Y así. Todo partió con la desigualdad que consume al país, y que no tiene nada de casual. Queda claro que tampoco se llegará a la igualdad por mera casualidad

Inequidades por mil
CONCENTRACION PATRIMONIAL (favorecida por la escasa regulación y la debilidad de las políticas hacia las Pymes):- Entre las mayores fortunas del mundo (Revista Forbes) aparece Chile con tres representantes: Andrónico Luksic (subió del N° 256, en 2002, al N° 140, en 2003), Eliodoro Matte (N° 176) y Anacleto Angelini (N° 205). - Sólo 16 grupos económicos explican el 80% del PIB.
MAS CONCENTRACIONES...- Cuatro bancos dominan el sector financiero: Colocaciones Banco Chile (18%), Santander (24%), Crédito e Inversiones (11%) e Hipotecario (7%).- Siete AFP (de 20, en 1993) manejan los 45.000 millones de dólares que capta el sistema privado de previsión.- Tres grandes tiendas (Almacenes París, Falabella y Ripley) dominan el mercado.
Y MAS DESIGUALDAD...- Las Pymes representan el 80% del empleo, pero no hay políticas que las sustenten realmente.- La participación de las ventas de las micro, pequeñas y medianas empresas disminuyó de 27%, en 1994, a 22%, en 2001.- La banca les cobra altas tasas de interés, y no se benefician ni con la baja de las tasas del Banco Central ni con el “bajo riesgo país”.- Las tres grandes tiendas, junto con los supermercados, ahogan a las Pymes proveedoras mediante cobro de publicidad, traspaso de riesgos y costos... Reproducen la desigualdad cobrando varias veces más a la gente de menos recursos mediante tarjetas de crédito con altos intereses (65% en promedio). Así, Falabella se convirtió en banco. Y Sernac reclama infructuosamente...
SALUD PARA RICOS Y PARA POBRES- La mortalidad infantil en Puerto Saavedra es 14 veces más alta que en Vitacura. Y en la comuna de Independencia, es 7 veces más alta que en Vitacura.- Las expectativas de vida son entre 10 y 20 años menores en las comunas pobres, en relación con las ricas.- Dos tercios de las horas médicas se invierten en el sistema privado, que da cobertura a menos de un tercio de la población.- Fonasa tiene varias veces menos recursos que las isapres y da cobertura al 80% de la población.- Los gastos de administración en el sector privado son varias veces más altos que en el sistema público. Y no cubren a los pobres, a los ancianos ni a las personas con enfermedades catastróficas. Para peor, a las mujeres les ponen trabas escandalosas (“planes sin útero”)

27 de mayo de 2004

Declaración Conferencia Episcopal de Chile acerca del conflico laboral de Codelco

Desafíos de fondo en los recientes conflictos laborales

“Cambian las formas históricas en las que se expresa el trabajo humano, pero no deben cambiar sus exigencias permanentes, que se resumen en el respeto de los derechos inalienables del hombre que trabaja” (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, Nº 319).

1. La subcontratación es una realidad muy extendida en el mundo, sobre todo en las grandes empresas. Progresivamente se ha ido convirtiendo en un mecanismo para disminuir los costos laborales, pudiendo afectar las condiciones de trabajo y la equidad en la remuneración, para elevar la productividad de las empresas. Desgraciadamente, en este régimen muchas veces el trabajo no se realiza en condiciones dignas y justas.

2. La ley que recientemente modificó en Chile las normas sobre el régimen de subcontratación ha constituido un avance significativo que corrige en parte esta grave injusticia, ya que avanza en equiparar las condiciones de trabajo de quienes realizan una misma labor para una misma empresa.

3. Sin embargo, el cambio de una realidad asentada durante largo tiempo suele generar tensiones y presionar hacia situaciones extremas, como hemos visto en diversos movimientos laborales, algunos lamentablemente acompañados de violencia. En este caso, como en otros, la violencia es el síntoma de una situación de inequidad evidente que no ha sido resuelta por nuestra sociedad. Los trabajadores tienen el legítimo derecho de movilizarse a través de sus organizaciones representativas para reclamar lo que la ley les confiere y en justicia les pertenece. Pero nada justifica la violencia ni el atropello a los derechos de otras personas.

4. Se requiere avanzar en el tema de la negociación colectiva en régimen de subcontratación, en el ámbito de la empresa. Los recientes episodios son una muestra de la insuficiente legislación en esta materia. El derecho a la negociación colectiva en términos efectivos, es un derecho básico que el concierto internacional y la propia Iglesia reconocen a los trabajadores. Este reconocimiento no es completo si por una formalidad se impide al trabajador entenderse con quienes más directamente se benefician con el fruto de su esfuerzo.

5. Hacemos un llamado a empresarios y trabajadores, a las autoridades de gobierno y a los legisladores, para que aborden estas situaciones con espíritu de concordia, procurando buscar el bienestar de quienes carecen de lo necesario para vivir. San Alberto Hurtado nos decía: “Habrá justicia social cuando sea el bien común y no el interés particular el que regule la distribución de los bienes” (¿Cómo remediar la desarticulación de la vida moderna?, 1939). Es preciso avanzar con rapidez y decisión hacia una dignidad del trabajo y el pleno respeto a los derechos básicos de los trabajadores.

6. Instamos a dignificar la política, que es una noble actividad humana, basada en el respeto a todo ser humano. Necesitamos escucharnos y abrirnos a buscar soluciones que integren los distintos puntos de vista, para resolver los dramáticos problemas de pobreza y trabajo precario que angustian a alrededor de un millón de chilenos. Esto sigue constituyendo un escándalo en un país que ha crecido tanto en los últimos años, que está siendo capaz de disminuir la pobreza, y que cuenta con recursos para construir una sociedad más justa y equitativa.

7. Nos aprestamos a iniciar el Mes de la Solidaridad, en que recordamos la palabra y la acción de san Alberto Hurtado. Él nos enseñó que sólo una síntesis plenamente humana nos permite encontrar el verdadero sentido al trabajo. Que su palabra visionaria de hace varias décadas nos ilumine en los importantes desafíos de hoy.

Por el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile† Alejandro Goic Karmelic Obispo de Rancagua Presidente† Cristián Contreras Villarroel Obispo Auxiliar de Santiago Secretario General
Santiago de Chile, 18 de julio de 2007