El ‘’secreto de Estado’’ que pesa sobre las bombas lacrimógenas

En medio de los constantes disturbios y movilizaciones protagonizadas por estudiantes y profesores, los disuasivos químicos utilizados por Carabineros tienen un rol protagónico. A pesar de ello, nadie sabe a ciencia cierta qué sustancias contienen ni qué efectos causan sobre la salud humana. Ni siquiera poseen autorización sanitaria. Todo un misterio que por tres semanas que las autoridades se negaron a responder pese al discurso de la transparencia.

A fines de los ‘80 y en plena dictadura era pan de cada día el bombardeo con disuasivos químicos, más conocidos como bombas lacrimógenas, alrededor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile. Así lo recuerda el toxicólogo Andrei Tchernitchin, que también relata que un día propuso a sus alumnos, con los que estaba estudiando las células llamadas eosinófilos ver qué efecto tenían dichos químicos en éstas.

A reglón seguido empezaron a recolectar los envases arrojados por Carabineros y a experimentar con ratas. Y paralelamente, tomaron muestras de sangre de jóvenes que habían estado expuestos a los químicos y otros que no. Lo que observaron fue que había una diferencia entre las muestras de sangre “normales” y la expuesta, así como en las ratas intervenidas: las células se desgranulaban.

“Todas las acciones de estas células están involucradas con la inmunidad, procesos alérgicos y de hipersensibilidad. Y en las funciones reproductivas masculinas y femeninas, por lo tanto, al desgranularse, estas funciones podrían verse afectadas”. Curiosamente, según explica el científico, luego de iniciado el estudio las fuerzas policiales dejaron de lanzar bombas en el área. “Y como dejaron de tirarlas y no teníamos capacidad técnica para hacer la investigación, la dejamos”. A pesar de esto, asegura que existe una alta probabilidad de que “las sustancias químicas que afectan las funciones reproductivas dañen al feto del último trimestre del embarazo y a los niños en los primeros años de vida, provocando daños que pueden ser irreversibles”. Idea que queda en el nivel de la sospecha, porque ni ellos alcanzaron a ampliar el estudio ni existen trabajos al respecto.

“Probablemente el fabricante tiene algunos estudios y como supongo que estas sustancias son tóxicas no dan a conocer los detalles. No es mortal, no provoca enfermedades inmediatas, pero nadie ha investigado si deja secuelas”, asegura el toxicólogo.

Y agrega que las sustancias que revisaron no eran neurotóxicas, pero en “las que existen actualmente no lo podemos asegurar”. Básicamente porque no hay información pública al respecto, y ni los propios científicos saben qué son las sustancias que se utilizan contra la población y que durante las últimas semanas han sido protagonistas de las movilizaciones estudiantiles. Es algo así como un secreto de Estado.

El ping pong de la información

Hace tres semanas, este medio inició un largo periplo intentando recabar información sobre detalles básicos de los disuasivos químicos: cuáles son las sustancias, las autorizaciones sanitarias que poseen y quiénes son los proveedores, entre otras.

Pero entre una y otra institución se pasaron la pelota. Si bien Carabineros entregó algunas luces al respecto, la explicación fue bastante vaga.

Según la policía uniformada el disuasivo químico “es un compuesto utilizado por diversas instituciones policiales del mundo. Irrita las zonas húmedas del cuerpo, es de fácil dispersión y corta duración. Y no produce daños a la salud pública”.

Pero queda en el terreno de la incógnita en base a qué estudios o pruebas se afirma que no existen daños a mediano o largo plazo. “A las personas expuestas puede que las afecte, pero hay que hacer estudios. Sin estudios científicos serios no se puede decir si causa o no daños”, explica Tchernitchin.

Y en cuanto al listado de los químicos, la respuesta fue que “su composición química es de C10 H5 y CIN 2”.

Sobre el compuesto que tiene 10 átomos de carbono y 5 de hidrógeno, Tchernitchin señala que “esa fórmula no dice nada. Faltan hidrógenos para completar la fórmula o te la entregó alguien sin mayor conocimiento”. Con respecto al CIN 2, el toxicólogo asegura que “no existe en la química ese símbolo. Estos datos no corresponden a nada que yo conozca”.

En cuanto a las normas respectivas, según informó la policía uniformada, estos químicos están sometidos a la Ley Nº 17.798, sobre control de armas y explosivos. Y los productos se adquieren en Estados Unidos, aunque no especificaron a qué proveedores.

Otra luz sobre el tema es que la concentración de los componentes está señalada por un organismo internacional, la NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Y que en base a los compromisos suscritos por el Estado a nivel internacional en términos de la Convención de Armas Químicas, el uso de los disuasivos es validado para el control de disturbios.

Pero no existen autorizaciones sanitarias para los compuestos de parte organismos de salud pública nacionales, ya que según el propio Ministerio de Salud, el listado con los químicos no pasa por esa repartición sino que ingresa directamente al Ministerio de Defensa. Tampoco tiene un rol en el asunto el Instituto de Salud Pública (ISP), que sólo realiza registros sanitarios de medicamentos, alimentos y pesticidas. Pero de los disuasivos químicos, ni rastro.

El control sanitario de estas sustancias se hace desde el Banco de Pruebas de Chile, que depende del Instituto de Investigaciones y Control del Ejército, y es el brazo técnico que controla, modifica y prueba elementos, como armas y los disuasivos en cuestión. Ellos son el órgano oficial de las labores de control de la Dirección General de Movilización Nacional, que depende del Ministerio de Defensa.

Pero a la hora de entregar información más clara y detallada, como la forma en que se coordinan las autorizaciones entre Carabineros y la Dirección General de Movilización Nacional, quién las da, la periodicidad, las sustancias químicas que tiene el agua de "zorrillos" y "guanacos" y quién regula su concentración, no hubo respuesta.

Nadie es responsable

Para el abogado y columnista Santiago Escobar, esta situación vulnera las leyes desde el punto de vista de la salud pública, ya que “no se pueden estar distribuyendo químicos que no estén garantizados en sus componentes, ni certificados por las instituciones de salud del país en sus efectos, calidad, ni neurotoxicidad. Eso lesiona los decretos constitucionales sobre la materia”.

Lo que más llama la atención de Escobar es que no exista una autoridad ni del sector de Defensa ni de Salud que se haga responsable frente a la población acerca de la utilización de estos compuestos. “Abiertamente eso es ilegal. Y las autoridades tienen que dar respuesta sobre el tema”, asegura, ya que “si bien las autoridades son las encargadas de mantener el orden público, también son responsables de la calidad de las acciones que atenten con la salud y el medioambiente en el país”.

Por ello, considera que es absolutamente factible que la ciudadanía pueda presentar un recurso de protección. “Pueden utilizarse varias vías legales y además sería conveniente que los parlamentarios invitaran a las autorid

La “píldora del día después”

El fallo del Tribunal Constitucional sobre la “píldora del día después” ha provocado encendidas críticas... ¡aun antes de ser conocido su texto, que sólo se publicará el 22 de abril! Dichas críticas han alcanzado extremos fantásticos de apasionamiento. Un senador socialista, muy prominente, las emprende contra un miembro del Tribunal que concurrió a formar la mayoría condenatoria del fármaco.

“Simplemente” (sic), le pide que renuncie.

¿Por qué?

Porque el senador votó a favor de su designación como integrante del organismo, y no lo hubiera hecho “si hubiera sabido que él iba a actuar como rehén de sus prejuicios” para “establecer una dictadura moral”. “Me siento completamente abusado en mi confianza”, agrega el parlamentario (El Mercurio, 7 de abril).

La conclusión es clara: todo miembro del Tribunal Constitucional, antes de votar un fallo cualquiera, debe consultar y seguir la opinión al respecto de cada uno de los senadores que hayan aprobado su nombramiento.

¿Y si estos senadores discrepan entre sí?

Pues (supongo), ese juez debe abstenerse de resolver en cualquier sentido. Parece imposible una insensatez mayor. Y como el senador no es insensato, resulta indiscutible que se hallaba fuera de sí, literalmente, al decir tamaña barbaridad.



Sin embargo, hay algo que sí puede ya afirmarse de este fallo. A saber, que él viene a demostrar, una vez más, lo que he sostenido aquí en otras ocasiones. A saber, que en materia de políticas reproductivas y poblacionales, existe enquistada en el Ministerio de Salud una “pandilla” ideológica y totalitaria, que está dispuesta a imponer administrativamente sus particulares ideas sobre dicha materia, por todos los medios, legales o ilegales, y sin oír opinión alguna que no sea la propia.



Por “pandilla” no entiendo nada despectivo, sino un grupo pequeño de funcionarios medios que actúa desde la sombra. Si los tribunales los contradicen, buscan maneras retorcidas y maquiavélicas de no obedecerlos. Si los superiores —como sucede hoy con la ministra del ramo y la Presidenta— hacen el juego de la “pandilla”, los miembros de ésta son respetuosos y obsecuentes. Pero si esos superiores la contradicen, procuran echarlos por el desvío. La “pandilla” es un Estado dentro del Estado; una baronía independiente e implacable al interior del Ministerio de Salud.



Por su decisión de imponerse usando todos los medios, razonables o no, la “pandilla” es totalitaria.



Por su invencible repugnancia a oír cualquier opinión que no sea la suya, la “pandilla” es ideológica. No la constituyen científicos, sino “ingenieros sociales”, resueltos a que la sociedad tome, a la buena o a la mala, la forma que ellos, y sólo ellos, han predeterminado con infinita sabiduría.



La historia de la “píldora del día después” confirma lo que venimos diciendo:



1. En marzo de 2001 el Instituto de Salud Pública la aprobó como fármaco bajo el nombre de Postinol.



2. En agosto del mismo año, la Corte Suprema falló que ESTA APROBACION ERA ILEGAL, PUES A LA LUZ DE LA CONSTITUCION, EL CODIGO PENAL Y EL CODIGO SANITARIO, EL EFECTO DEL MEDICAMENTO ERA UN ABORTO, PROHIBIDO Y PENALIZADO POR ESAS NORMAS.



3. El Instituto de Salud Pública, vale decir el Gobierno (léase, en estas materias, la “pandilla”), en vez de reflexionar seriamente sobre una resolución de este origen y trascendencia, siguió el camino —que no merece el nombre de “resquicio”, sino de “tinterillada”— de autorizar EXACTAMENTE EL MISMO FARMACO CON OTRO NOMBRE. A saber: Postinor 2. ¡Lo hizo el mismo mes de agosto del fallo supremo, como para añadir la burla a la desobediencia!



La Suprema se dejó tomar el pelo, mansamente.

4. En abril de 2004 el Ministerio de Salud aprobó, y en mayo siguiente repartió a los consultorios la “píldora del día después”, EXCLUSIVAMENTE para uso gratuito de mujeres violadas.



Se trabó una fuerte polémica, cuyo centro fue la inhumanidad de que a estas mujeres se les impusiera un eventual embarazo.



El ministro de Salud, un democratacristiano, declaró repetidamente (y no podemos dudar de SU buena fe al hacerlo) que la píldora se emplearía para ese exclusivo objeto; que “no se repartiría indiscriminadamente”; que “las estrategias anticonceptivas iban por otras orientaciones”, y que el fármaco no estaría orientado “sino a la gente agredida”. “No es una pastilla de menta” (La Segunda, 4 de mayo de 2004).



La “pandilla”, mientras tanto, se reía silenciosamente, pues tenía listo desde febrero —a espaldas del ministro— un instructivo del subsecretario, universalizando la píldora como estrategia anticonceptiva.



ERA una pastilla de menta.



Al enterarse el ministro, montó en cólera, y el subsecretario debió dejar su cargo... para muy pronto verse reubicado en otro, pues la “pandilla” tiene héroes, pero no mártires.



5. Con la Presidenta y la ministra de hoy, por fin, la “pandilla” dio en septiembre de 2006, de nuevo, el golpe de abril de 2004, ahora con aparente éxito, oficializando el mismo instructivo naufragado entonces. Mediante las «Normas Nacionales sobre Regulación de la Fertilidad», se dispuso que la “píldora del día después” fuese entregada gratuitamente por los Servicios de Salud a cuantas mujeres, de los 14 años arriba, la solicitaran.



Cuando el ex ministro DC de la “pastilla de menta” reclamó por lo que parecía un cambio total de dirección, el presidente del PS —el mismo de hoy— confirmó que ésta había sido siempre la misma: si a aquel secretario “le faltó coraje para tomar decisiones, que aplauda a una mujer que lo tuvo, como es la ministra (actual)” (El Mercurio, 10 de septiembre de 2006).



Una vez más, operaba la “pandilla” por sí y ante sí, entre cuatro paredes, sin consultar a nadie sino a dos organismos privados, “asesores”, que eran más bien, diríamos, sus “miembros honorarios”: la antigua e inefable APROFA, una de las principales responsables de la parálisis y envejecimiento poblacional de Chile y que los años ’70 propuso al Gobierno un plan (afortunadamente fracasado), para esterilizar decenas de miles de chilenas pobres; y el más moderno pero asimismo inefable ICMER, cuya página WEB ofrece a Latinoamérica, también, sus muy perfectos sistemas esterilizadores, y cuya directora o gerenta se declaraba partidaria de repartir la píldora sin receta médica ¡y en las bombas de bencina!



Fuera de estos genios, NADIE MAS FUE CONSULTADO.



Ni siquiera el Congreso Nacional. NUNCA ESTE HA SIDO LLAMADO A OPINAR SOBRE LAS POLITICAS DE POBLACION Y/O DE REPRODUCCION APLICADAS EN CHILE.



Tampoco fueron consultados los partidos políticos, ni aun los de gobierno... ¡ni el PDC, cuando menos, que quizás tuviera algo que decir —en homenaje a su etiqueta “cristiana”— sobre un tema ético tan delicado y discutido!



Ni se consultó a las iglesias, ni a las universidades, ni a las sociedades científicas. Algunas de éstas, partidarias de lo actuado por la “pandilla”, así lo dijeron en una inserción posterior, melancólica y vergonzante... melancólica y vergonzante porque confesaban derechamente que nadie les había preguntado nada.



En esto, el “gobierno participativo” incluyó a la Presidenta, la ministra, APROFA, ICMER y... la “pandilla”. El golpe avisa.



Recurridas las normas por una treintena de diputados al Tribunal Constitucional, éste ha repetido en 2008 lo que había ya dicho la Corte Suprema en 2001.



A la “pandilla” ¿le habrá hecho mella? ¿Habrá pensado, un momento, que si las dos máximas instancias jurídicas de Chile —la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional—, separadas por un plazo de siete años, declaran exactamente lo mismo, será por alguna razón de peso? Ya hay indicios de que, como era de esperar, a la “pandilla” no le importa nada. Ejemplo: la incursión de cuatro ministras a las poblaciones de Santiago, para desacreditar el fallo del Tribunal. ¿Qué sabrán ellas de un tema tan difícil, a la vez de filosofía y de técnica jurídica? Nada. Pero la “pandilla” es tenaz, con la rígida pertinacia ideológica y totalitaria: morirá con las botas puesta

Obispo González acusa al Gobierno de "usar a los pobres" en debate sobre la píldora

Junto con considerar "una expresión muy profunda del respeto a la vida humana" la decisión del TC de impedir la distribución de la "píldora del día después", el obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, cuestionó el argumento de "desigualdad" esgrimido por el Gobierno para rechazar el fallo ante la eventual distribución de la píldora sólo en farmacias, indicando que es una "falacia".

"Ése no es el espíritu con que se hicieron los alegatos ni es tampoco, creo yo, lo que va a decir la sentencia", sostuvo el religioso, miembro Opus Dei, en entrevista con Emol.

En este aspecto, opinó que las autoridades "desgraciadamente usan a los pobres". "A los pobres hay que enseñarles, pero no hay que usarlos, como los está usando la autoridad para decir que no van a poder usar esto. Dejen a los pobres tranquilos. Si (la píldora) es abortiva nadie puede usarla", sostuvo.

Explicó que si el fármaco es inconstitucional porque es abortivo, entonces "no se puede entregar ni en farmacias ni en los sistemas públicos de salud y, por lo tanto, es una falacia decir que los ricos pueden comprarla y a los pobres no se les puede dar. Evidentemente que sería una injusticia tremenda".

A su juicio, ésa "es una tesis que se ha inventado" y que se "va a caer" cuando se conozca el fondo de la decisión del TC. "Estamos hablando de la sentencia de un tribunal que se refiere a temas de fondo y el alegato que se hizo contra la píldora fue porque era abortiva, no porque la repartía el Estado", puntualizó.

Sería "poco democrático" intentar revertir fallo

La autoridad eclesiástica criticó duramente los cuestionamientos al fallo, especialmente por parte del Gobierno, afirmando que "resulta inaceptable este nivel de rebelión en un país donde impera el derecho".

Ante la intención del Ejecutivo de buscar vías alternativas para posibilitar la distribución del fármaco, el religioso, miembro del Opus Dei, fue enfático en decir que "si el tribunal dice que la píldora es abortiva, como seguramente lo va a decir, lo otro es una porfía", atribuyendo una motivación "ideológica" a la autoridad.

"Cuando hay muchos otros métodos para evitar el embarazo adolescente y evitar el aborto ¿Por qué insistir en éste? Entonces ahí hay una cosa ideológica, que hay que tenerla presente, en el sentido de querer imponer esto a toda costa. (...) Esto ni siquiera es de la Iglesia, es un atentado contra un derecho humano esencial. Fuera la ideología y vivamos la verdad", enfatizó.

En este sentido, agregó que "no creo que llegue a tal la pertinacia del Gobierno de pasar a llevar o tratar e revertir un pronunciamiento del máximo órgano constitucional", recalcando que "sería un signo muy poco democrático".

CHILENOS RICOS

Un CHILENO le envía un Mail con una pregunta a otro CHILENO, que radica en los EE.UU.

¿Por qué los CHILENOS somos pobres?.

Respuesta del chileno que vive en EE.UU.:

Juan, cómo se ve que los árboles no te dejan ver el bosque.
Cómo puedes llamarte pobre, cuando eres capaz de pagar por un litro de bencina más del triple de lo que pago yo.
Cuando te das el lujo de pagar tarifas de electricidad, de teléfono y celular un 80% más caras de lo que me cuestan a mí.
Pagar comisiones por servicios bancarios y tarjetas de crédito del triple de lo que aquí nos cuestan, o cuando por un AUTO que a mi me cuesta 2,000 dólares tú puedes pagar por el mismo 15,000 dólares.
Porque tú sí puedes darte el gusto de regalarle $18,000 dólares al gobierno y nosotros no.
Juan, NO TE ENTIENDO!
Nosotros somos pobres, los habitantes de La Florida. Por eso el Gobierno Estatal, teniendo en cuenta nuestra precaria situación financiera, nos cobra sólo el 2% de IVA (hay otro 4% que es Federal; total = 6%) Y no 19% como a ustedes los ricos que viven en CHILE.
Además, son ustedes los que tienen 'Impuestos de Lujo' como son los impuestos por gasolina y gas, alcohol, cigarros, puros, cerveza, vinos, etc.) que alcanza hasta el 320% del valor original, y los otros como: GANANCIAS (impuesto sobre las utilidades y sueldos), Impuesto sobre automóviles nuevos, IMPUESTO A LOS BIENES PERSONALES (impuesto a los bienes de las empresas), Impuesto por uso de automóvil. Y dichoso que todavía te das el lujo de pagar IVA por estos impuestos, además de todos los tramites y pagos estatales y municipales. Porque si ustedes no fueran ricos, ¿qué sentido tendría tener unos impuestos de ese calibre? ¿POBRES?, ¿de dónde? Un país que es capaz de cobrar el IMPUESTO A LAS GANANCIAS Y A LOS BIENES PERSONALES(mediante anticipos)
POR ADELANTADO como CHILE necesariamente tiene que nadar en la abundancia, porque considera que los negocios de la nación y de todos sus habitantes siempre tendrán ganancias a pesar de saqueos y asaltos, mordidas, huracanes, temblores, corrupción, saqueo fiscal y del
transantiago, Ferrocarriles, Chile Recortes e inundaciones y por supuesto de seguro que todos deben de ganar muchísimo.
Los pobres somos nosotros los que vivimos en USA que NO pagamos Impuesto sobre la Renta si ganamos menos de $3,000 dólares al mes POR PERSONA (más o menos $ 1.500.000.- pesos CHILENOS). Y allí pagan guardias privados en bancos, condominios, municipales, etc. mientras
que nosotros nos conformamos con la pública. Allí hasta envían a los hijos a colegios privados y mira si seremos pobres aquí en EE.UU., que las escuelas publicas te prestan los libros de estudio previendo que no tienes con qué comprarlos.
A veces me asombra la riqueza de los chilenos que piden un préstamo cualquiera, y son capaces de pagar 38% anual de intereses, como mínimo.
¡¡¡ ESO ES SER RICO!!!
No como aquí, que apenas llegamos al 8% (generalmente 7.8%), justamente porque NO estamos en condiciones de pagar más.
Supongo que, como todo rico, tienes un AUTO y que estás pagando un 8 o 10% anual de seguro; si te sirve de información, yo pago sólo $345 dólares por año. Y como te sobra el dinero, tú si puedes efectuar pagos anuales de aproximadamente $80.000 PESOS por concepto de eso que
ustedes IMPUESTO AL AUTOMOTOR, mientras que acá nosotros no podemos darnos esos lujos y cuando mucho pagamos $15 dólares anuales por el STICKER sin importar qué modelo de auto manejes, pero claro, eso es para gente apretada de recursos que no puede erogar los enormes flujos que ustedes los CHILENOS manejan.
Saca la cuenta. ¿Quién es el rico, y quién el pobre? Por ultimo, más del 10% de la población económicamente activa en CHILE NO TRABAJA .
Aquí, en cambio, sólo hay un 4% en la misma situación. ¿No te parece que el vivir sin trabajar es un lujo que sólo los ricos se pueden dar?
Vamos hermano, te quedaste en CHILE porque eres RICO. Son los pobres como yo los que nos fuimos a probar suerte a otros lados.
Me contaron también que a los funcionarios regionales, provinciales y municipales, les paga el pueblo un MONTON de sueldo. Sin contar coimas, etc.. Qué envidia ¡¡ESO SÍ ES VIVIR EN LA RIQUEZA !!
Bueno Juan te mando un abrazo y ahí luego me cuentas cómo les va con el nuevo presupuesto y las elecciones municipales de este año, lo que sí es seguro es que les aumentaran más los impuestos. Pero no te preocupes, que la inflación te los va a diluir. Pero bueno, eso es lo
de menos cuando se tiene plata para pagarlos.
Atentamente:

Tu pobre amigo inmigrante.

¿Por qué la Concertación bloqueó el resurgimiento del Diario Clarín?

Si se confirma el último proyecto de sentencia del CIADI, revelado en esta crónica, todo indica que en breve plazo ese tribunal dictaminará que los verdaderos dueños del mítico diario Clarín, el de mayor venta en el país en 1973, clausurado y expropiado por la Junta Militar, deben ser indemnizados por el Estado de Chile. De ser así, Víctor Pey y Joan Garcés, tal como lo prometieron, relanzarán el diario nuevamente a las calles. A días de un fallo histórico para la prensa chilena, he aquí la investigación de la trama oculta de por qué los gobiernos de la Concertación levantaron una férrea resistencia a su reaparición llegando a perder US$ 14 millones.

“De varios actos de las autoridades chilenas (…) se deduce que la propiedad del señor Víctor Pey Casado fue plenamente reconocida y, por ende, no puede ser de manera seria puesta en duda con certeza…”. Ese es uno de los acápites del proyecto de sentencia, un informe reservado del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, tribunal que en los próximos días dictaminará si Pey era el verdadero dueño del diario Clarín en 1973 y si debe ser indemnizado.
Eel proyecto de sentencia de más de 100 páginas especifica que el tribunal “se ve obligado a constatar que las explicaciones presentadas por el Sr. Pey Casado, en lo que respecta a las circunstancias en las que se celebraron los acuerdos sobre la cesión de acciones de la sociedad C.P.P. (propietaria de Clarín) resultan más verosímiles que las explicaciones ofrecidas al respecto por la Demandada (el Estado chileno)”.
Perder en esta instancia expone al Estado chileno a pagar una indemnización cuantiosa. Pey reclama ante el CIADI US$ 517 millones (casi dos veces el presupuesto que se usó para mantener funcionando el Transantiago). El monto tiene que ver con el valor de la empresa cuando le fue expropiada y con las utilidades que dejó de recibir desde entonces. Utilidades considerables si se considera que Clarín llegó a vender 280 mil ejemplares diarios y era por lejos el periódico más leído de Chile.
Pero no sólo se trata de dinero. Un fallo adverso pondrá el ojo público en varios puntos polémicos de esta historia. Uno ya ha sido expuesto por el abogado Roberto Mayorga, quien participó en la defensa chilena hasta 2002. Mayorga sostiene que el juicio se perdió porque Chile no fue bien defendido debido al interés de los gobiernos de la Concertación en que Pey ganara para que pudiera relanzar Clarín. En una reciente carta a El Mercurio, Mayorga sostiene que se trata de “un escandaloso caso que se inscribe en una seguidilla de tantos otros caracterizados por la corrupción y la defraudación del patrimonio nacional”.
Contradiciendo la tesis de Mayorga, los datos de esta investigación apuntan a que el Estado chileno ha hecho mucho por impedir el relanzamiento de Clarín, el estridente tabloide de izquierda y el de más venta en el país hasta que fuera confiscado por Pinochet en septiembre de 1973.
Dicha negativa le ha costado al fisco chileno cerca de US$ 5 millones en la defensa ante el CIADI –según estimó recientemente el ministro Alejandro Ferreiro- además de otros US$ 9 millones pagados a un abogado y un grupo de personas que decían ser herederas de los bienes de Clarín. ¿A qué se debe la negativa a indemnizarlo? ¿Qué papel habría jugado en esto El Mercurio, el histórico archienemigo de Clarín?
La actitud del gobierno chileno abre otro flanco. Tomando en cuenta que en 17 años la Concertación no ha logrado romper el duopolio de la prensa escrita en Chile, ¿cómo se explica la férrea oposición que ejercieron sus distintos gobiernos a la reaparición del diario Clarín?-En 16 años de democracia, mirando como ciudadano no como ministro, claramente tenemos una falencia, una deuda. La mayoría que ha votado por la Concertación no tiene un medio escrito que la identifique más en sus valores e ideas que los actuales.

Pey, Volpone y Allende
De esa batalla sí sabe Víctor Pey, quien compró el diario pocos meses antes de que fuera expropiado y ha intentado conseguir por más de diez años que el gobierno le pague una restitución financiera para poder lanzarlo de nuevo a las calles.
El nuevo Clarín, asegura Pey, será independiente de cualquier partido y ocupará el mismo lugar que tuvo antes como un periódico de circulación masiva a favor del chileno común. Será, afirma, fiel al famoso encabezado de los días de su apogeo: “Firme junto al pueblo”.
Un nuevo Clarín proporcionaría a los chilenos una cobertura crítica –hasta ahora ausente- de la derecha política y la poderosa comunidad empresarial.
Aunque Pey pide mucho más, una indemnización mínima negociada por la expropiación del periódico tendría que estar en un rango entre US$ 50 a US$ 100 millones. Una suma que podría asegurar que el Clarín de Pey evite el destino de otras iniciativas periodísticas que en los últimos años emergieron y fracasaron por carecer del respaldo financiero y político para sobrevivir.
Si bien los gobiernos de la Concertación han reconocido su obligación de pagar por la propiedad confiscada en dictadura, en el caso de Clarín en particular, ha levantado un muro de oposición.

Pey: de la República de España a Clarín
Este hombre erguido, de piel pálida y un aura de que siempre tiene prisa, mantiene a los 92 años su cruzada por restaurar algo de equilibrio ideológico en la prensa chilena.

Ingeniero civil de profesión y empresario por vocación, Víctor Pey ha sido un luchador en causas políticas desde su juventud en la región de Cataluña. Durante la Guerra Civil española en los años 30, ayudó a convertir una planta de automóviles en una fábrica de armas para los republicanos en Barcelona. Su activa participación en ese proceso lo condujo a su primer exilio. Pey logró vencer el cerco y llegar a un campamento para refugiados en Francia después de que el ejército derechista, encabezado por Francisco Franco, derrotara las fuerzas del gobierno de la República. Y volvió a escapar al holocausto.
En 1939 llegó al puerto de Valparaíso, en un barco francés -el legendario Winnepeg- con otros 2.100 refugiados españoles. Pey había conocido al cónsul chileno en París, el poeta Pablo Neruda, que logró que los exiliados encontraran un hogar en Chile. Y los españoles comenzaron rápidamente a prosperar en los negocios y también en la vida política.
Pey entró en el área periodística por amistad y por casualidad. Desarrolló un círculo de amigos bien conectados. Este incluía al entonces senador socialista (y después presidente) Salvador Allende, y al futuro fundador de Clarín, Darío Sainte-Marie, entonces editor del periódico estatal La Nación.
Desde su inicio, Clarín fue un ejemplo clásico del ambiente interconectado de gobierno, poder político y periodismo en Chile. El nuevo periódico se imprimió primero en la planta de La Nación, con la anuencia del presidente populista de ese momento, Carlos Ibañez, socio secreto de Sainte-Marie.

Como era de esperar, el gobierno que asumió el poder en 1958 despidió rápidamente a Sainte-Marie. También expulsó al nuevo Clarín de la planta de La Nación tan pronto como llegó a ser evidente que su línea editorial era, por decirlo suavemente, crítica de los partidos conservadores e intereses empresariales que sustentaban a la administración entrante.

Irrumpe “Volpone”
Fue entonces que Sainte-Marie le pidió a Víctor Pey que organizara las instalaciones físicas del periódico. Su rol fue comprar e instalar las nuevas prensas importadas de Alemania Oriental. Eran los años 60, una época de febril actividad política y de movilización de campesinos y trabajadores en Chile en la que el periódico prosperó gracias a un perfil inédito: fotografías picarescas, notas policiales -entre más horrendas mejor- ataques ad hominem y parodias hilarantes de las pomposidades de la aristocracia chilena.
Fue el primer diario escrito en lenguaje popular usando a destajo los chilenismos de la calle. Sainte-Marie escribía una columna bajo el seudónimo “Volpone,”

El alma de ese diario fue siempre Sainte Marie. A veces, aparecía él como director y, otras veces, como tenían problemas por juicios de injurias y calumnias y había que ir a la cárcel, ponían a otro periodista como director, pero era él quien manejaba el diario y el dueño. Siempre fue el dueño total –recuerda hoy Pey.
Otro gran amigo de Sainte-Marie era el senador Allende (a quien conoció desde su infancia).

Cuando se presentó como candidato a presidente en 1970 -después de haber perdido en tres elecciones anteriores- Allende tenía, entre sus nuevas ventajas, la cobertura elogiosa de Sainte-Marie y Clarín, que para entonces vendía 150.000 copias al día por todo Chile, posicionándolo a la altura del decano de la prensa chilena: El Mercurio.
Lo claro es que el impacto más eficaz de Sainte-Marie fue su talento para ridiculizar al candidato de derecha, Jorge Alessandri, un ex presidente soltero, a quien Clarín motejaba sin tregua como “La Señora”.
Superando grandes obstáculos, inclusive un plan secreto de la CIA para desacreditarlo, Allende obtuvo la primera mayoría y fue confirmado por el Congreso con el apoyo de la Democracia Cristiana.
El Clarín de Sainte-Marie llegó a ser el respaldo principal del experimento izquierdista de Allende. Su mordaz director no fue tímido en adjudicarse el crédito. “Sainte-Marie le dijo a Allende ‘yo te hice Presidente’. Se lo dijo muchas veces delante de mí”, recuerda Pey.-Yo le quiero decir a usted, y se lo he dicho a muchas personas pero todo el mundo lo niega y el Partido Socialista por razones políticas no quiere reconocer esta realidad, que esa diferencia de votos que tuvo Allende con Alessandri no habría sido tal si no es por la acción de Clarín en la campaña –afirma Pey.

El quiebre Allende-Saint Marie
Allende, hombre de gran ego, reaccionó distanciándose de su viejo amigo.

Sainte-Marie, cada vez más resentido de los desaires y falta de aprecio de Allende. Además, su matrimonio con una mujer mucho más joven se deterioraba desastrosamente y él temía un escándalo público que sin duda sería explotado por la derecha. Sainte-Marie estaba decepcionado de su propio éxito y quería largarse.
Pey, mientras tanto, había asumido un rol más activo en el diario. La circulación de Clarín había subido a 280.000 diarios superando a El Mercurio durante la semana.

El periódico una vez más necesitaba una planta impresora más rápida para seguir adelante. Pey asumió la tarea de importar una prensa rotativa a color de última generación. También compró para el diario un nuevo y gran edificio (su tercera adquisición importante de bienes raíces) en el centro de Santiago, cerca del Ministerio de la Defensa, en cuyo sótano sería instalada la prensa.-Un día Sainte-Marie me llamó y me dijo ‘Viejo, me tengo que ir, la próxima semana me voy. Usted, que ha estado conmigo y ha visto todo esto, usted debe quedarse con el diario’ –rememora Pey la escena clave que iba a desencadenar días febriles.
Pey utilizó una semana para reunir todos sus activos, pedir dinero prestado y decidió comprar el diario. La serie de pagos que efectuó –dice- suman cerca de US$ 1,3 millones. Fue un precio de liquidación -reconoce- porque el diario estaba en auge y solo el valor de los edificios y las prensas nuevas excedía el precio de la venta. Poco después, Pey debió desplazarse a Portugal, país al que Sainte-Marie había escapado, para completar la escritura de venta.
Es en este punto donde el cuento se pone turbio y empiezan las disputas. Pey tenía la documentación de las transferencias bancarias a Sainte-Marie, la escritura de venta y los títulos de acciones cedidos por Sainte-Marie y de otros que aparecían en los documentos corporativos de propiedad. Pero el 11 de septiembre de 1973, el Golpe de Estado forzó a Pey a un nuevo exilio sin que él pudiera antes registrar la transacción en la Superintendencia respectiva.

La prueba que exhibe Montero
Clarín y otros medios pro gobierno fueron un blanco especial. El mismo día que los aviones militares bombardearon el palacio presidencial, los soldados asaltaron las oficinas de Clarín, clausuraron sus prensas y encarcelaron a sus principales editores.
Pey estuvo entre los centenares de chilenos a los que se les ordenó entregarse a las nuevas autoridades militares. Muchos de los que obedecieron fueron ejecutados. Habiendo sobrevivido al trauma de España, Pey ni siquiera dudó. Se escondió durante varios días y finalmente consiguió asilo en la embajada venezolana. Se le permitió salir del país bajo la protección diplomática, pero su pasaporte fue confiscado dejándolo apátrida.
En 1975, en medio de mucha publicidad, la empresa periodística Clarín fue confiscada oficialmente sin compensación, utilizando un decreto diseñado para liquidar todas las propiedades de los partidos y sindicatos. Las acciones del régimen militar en aquel momento, cuya intención era desacreditar a Pey como un títere del presidente marxista, han proporcionado gran parte de las evidencias a favor de Pey en su lucha de estos años.
Para justificar la confiscación, el régimen de Pinochet anunció que los títulos de propiedad de Clarín fueron descubiertos en el despacho privado de Pey. En declaración escrita, el subsecretario de interior Enrique Montero dijo que, según los documentos, Pey era el verdadero dueño de Clarín.
Los documentos, encontrados en una caja fuerte, tenían las firmas de Darío Sainte-Marie y las tres personas cuyos nombres todavía aparecen en el registro de la Superintendencia respectiva, y demostraban que los cuatro habían cedido todas sus acciones a Pey.
La declaración, publicada en El Mercurio el 4 de febrero de 1975, dice: “De los antecedentes expuestos y considerando que se encontraron en poder de Víctor Pey todos los títulos de las acciones y los traspasos en blanco de las personas a cuyo nombre figuran esos títulos, resulta que fue éste quien compró el Consorcio Publicitario y Periodístico S.A y la Empresa Periodística “Clarín”, efectuando los pagos correspondientes con US$ 780.000 proporcionados por el Banco Nacional de Cuba, sin perjuicio de los US$ 300.000 que Sainte-Maire recibió con anterioridad.”

No hay restitución
Así estaban las cosas en 1990. Con un gobierno democrático en el poder, Pey se movilizó para recuperar Clarín. Al principio todo anduvo bien. Un mandato judicial le devolvió los títulos de propiedad que habían sido preservados por el régimen militar. Y con ellos en mano inició el proceso reivindicando la restitución.

-Debe ser un proceso sencillo, me dije a mí mismo en ese momento: Yo fui incautado por un decreto y por un decreto me lo pueden devolver -afirma Pey.
Su intención, asegura, nunca fue quedarse con el dinero, sino usarlo para la resurrección de Clarín.
Como garantía de sus intenciones, Pey donó el 90% de la propiedad de Clarín a la Fundación Presidente Allende, una organización pro derechos humanos sin fines de lucro fundada en España y que preside Joan Garcés, el español socio de Pey en la batalla por recuperar Clarín.
Garcés también sabe de batallas. Fue consejero político personal de Salvador Allende hasta el último día en La Moneda y el abogado que ideó la estrategia legal que tuvo como resultado el arresto de Pinochet en Londres en 1998.
Después que pasaran varios años sin ningún progreso en su demanda en Chile, Pey y Garcés intentaron otro camino. En noviembre de 1997, Pey, como ciudadano español, y la Fundación, presentaron una demanda contra el gobierno de Chile en el CIADI, un tribunal internacional de arbitraje situado en el Banco Mundial en Washington, D.C.
La demanda puso al gobierno chileno en un doble dilema. No podía negarse al arbitraje, al que estaba comprometido por un tratado con España, sin mandar una señal negativa a inversionistas extranjeros interesados en la creciente economía chilena. En casos de confiscación, el proceso de arbitraje toma en cuenta no sólo la restitución de la propiedad sino también las ganancias no percibidas. La demanda de Pey fue inicialmente fijada en la estratosférica cifra de US$ 517 millones.
Pero el gobierno no se sintió libre para hacer lo más lógico: negociar directamente con Pey una cifra menor. Quienes estuvieron en la toma de decisiones de la época dicen que primó el temor a la ira del poderoso poder conservador y su aliado, El Mercurio. Campanas de alarma sonaron dentro de la Concertación.
Según un ex funcionario involucrado directamente en el caso, líderes de la Concertación advirtieron que si el gobierno no daba una fuerte lucha, empleando a los mejores abogados internacionales, podría ser acusado de “connivencia de algún tipo con la Fundación Allende”. .

El Mercurio dio cuenta de “rumores” que indicaban que el dinero que se pagaría a Clarín iba realmente a las arcas del Partido Socialista. También insinuaron que Allende había obligado al dueño de Clarín a vender y que había usado dinero del gobierno para pagarle. Según estas versiones, Pey no era más que un testaferro.
La campaña de rumores surtió efecto. Puso en movimiento una estrategia en el gobierno destinada a evitar un arreglo con Pey. En resumen, lo que se ideó fue pagar una cantidad menor a otros demandantes en Chile, bajo el supuesto legal de que, una vez que el caso fuera resuelto administrativamente en Chile, el proceso del arbitraje del Banco Mundial sería cerrado.

Se buscan herederos
Pero en ese momento -mediados de 1998- no había otros demandantes de la propiedad de Clarín. Darío Sainte-Marie había fallecido a principios de los ‘80. Su testamento, obtenido de los archivos gubernamentales del caso, tiene una larga lista de cuentas bancarias y propiedades, pero ninguna mención a Clarín.
Emilio González, otro de los dueños que aparece en el registro de la Superintendencia de Sociedades Anónimas como antiguo propietario, también había fallecido y su testamento no contenía reivindicación a Clarín (vea la copia del documento para mayor legibilidad). No obstante, a los pocos meses de la presentación de la demanda de Pey en el CIADI, los herederos de Sainte-Marie, González y de otras dos personas cuyos nombres aparecen en el registro respectivo irrumpieron con una demanda conjunta en Chile.
Con rapidez sin precedentes les fue otorgada una indemnización de US$ 9 millones. Ninguno de los herederos favorecidos con la indemnización expresaron su intención de hacer renacer el periódico que hizo famoso a Volpone.

Testa y el plan de los US$ 9 millones
La estrategia oficialista ha sido compleja, pero los elementos centrales fueron confirmados por dos funcionarios del Estado implicados en el acuerdo y por documentos de gobierno entregados después de una petición que utiliza las leyes chilenas que garantizan acceso a los documentos públicos.
En resumen, esto es lo que sucedió:

El Comité de Inversión Extranjera del gobierno chileno, que buscaba anular la demanda de Pey sobre la propiedad de Clarín en el arbitraje de Washington, contrató a un abogado para redactar el argumento legal llamado “Pre-Informe en Derecho”. El redactor fue el abogado Enrique Testa. El documento confidencial de 20 páginas, fechado el 25 de noviembre de 1998, concluye que sólo las personas que aparecen en la lista de la Superintendencia (o sus herederos) son los dueños legítimos. Como Pey no había registrado los títulos y transferido los documentos, no podía demostrar que existe “legalmente acreditada una compra efectiva por parte de Victor Pey Casado…” (ver documento).
Existen pruebas de que el mismo abogado Testa contactó a por lo menos dos de las familias mencionadas en su informe y les hizo saber de una posible ganancia financiera si se asociaban con él para presentar la demanda.

-Por lo que sé, efectivamente los herederos no estaban conscientes de tener derechos sobre Clarín y habrían tomado conocimiento por medio de un informe en derecho que trascendió y que dio como resultado que eran titulares de acciones sobre la sociedad propietaria de ese diario –afirma el abogado Roberto Mayorga, entonces encargado del caso en el Comité de Inversión Extranjera.

Mayorga afirma también que la acción del abogado Testa de contactar las familias fue “poco ética” pero no ilegal. A cambio de sus servicios legales, el abogado y sus socios recibieron US$ 1,6 millones del total de US$ 9 millones pagados a las familias.
Claudio Orrego, ministro de Bienes Nacionales de la época y quien firmó el decreto por los US$ 9 millones, reconoció en entrevista con el autor que el pago estaba conectado al arbitraje en Washington por la demanda de Pey:

-No te quiero mentir ni engañar, pero esto [los $9 millones de restitución a los herederos], de alguna manera sancionaba un tema pendiente.
Orrego dice que la estrategia de resolver el asunto de Clarín a través de la indemnización a los herederos le fue presentada en su primer mes como ministro. Y que había “premura” por resolverlo.Pero la táctica no prosperó. La acción, en las palabras francas de Orrego, “demostró después ser insuficiente”. Una vez firmada por Orrego la “Resolución 43” del ministerio, acordando la indemnización, fue rápidamente enviada a Washington (ver documento). El 28 de octubre de 2000, fue presentada en la audiencia de CIADI por los abogados de Chile. Pero los jueces se negaron a archivar el caso. Así, el gobierno perdió US$ 9 millones y el arbitraje continuó arrastrándose, hasta que el año pasado pareció entrar a su fase final.
Un proyecto de sentencia confidencial de más de cien páginas proporcionó una fuerte señal de que el tribunal se inclina hacia una resolución favorable a Pey. El documento concluye: “Resulta evidente, en la opinión del Tribunal de Arbitraje, que del conjunto de las circunstancias, de la conducta de las partes interesadas y, principalmente, de la entrega de títulos realizada por el Sr. Darío Sainte-Marie y de los pagos efectuados por el Sr. Pey Casado, surge que la voluntad real de las partes fue sin duda proceder a la compraventa de la participación del vendedor en la sociedad C.P.P. [Consorcio Publicitario y Periodístico S.A]”
En enero de este año, con dos nuevos jueces en el panel, la junta de arbitraje realizó lo que el juez Pierre Lalive, su presidente, anunció como la última audiencia: el próximo paso –dijo- sería la resolución final. Lo que confirma la trascripción de la sesión del 15 y 16 de enero:

“Nos damos cuenta de que es necesario terminar lo antes posible porque es un caso que ha durado demasiado por toda una serie de circunstancias que no cabe recordar porque es inútil hacerlo”.
Tanto la decisión del tribunal como el monto que fije de indemnización –si es que se concede- no está sujeto a apelación.
¿A qué le teme la Concertación?
“Chile tiene que cumplir con sus compromisos internacionales”, fue la última afirmación que le escuché al portavoz del gobierno, Ricardo Lagos Wéber, al reiterar que aceptarán cualquiera sea la decisión de CIADI.
Pero si Pey gana en dicho tribunal, no habrá ganado aún su principal batalla: lanzar a las calles de Chile el nuevo diario Clarín y asegurar su supervivencia. Si bien el gobierno ha proclamado una política de no intervención respecto de los medios, nunca ha sido un actor pasivo en ese ámbito.
Si fuera solo un problema de dinero, lo lógico sería que el gobierno simplemente negociara una indemnización menor a la que pide Pey. Pero lo que han hecho en este caso -especialmente al pagarles a demandantes rivales a Pey en medio del litigio- sugiere motivos más complicados.
La teoría que escuché la mayoría de las veces de personas vinculadas a la toma de decisiones políticas de gobierno, apuntan al poder predominante de El Mercurio y las fuerzas económicas y políticas con las cuales esa empresa está aliada. Como la derecha política y económica está resignada a no ganar elecciones, han forjado un trato con el gobierno por el cual este último no toca el poder periodístico y económico de El Mercurio, y el diario mantiene una cobertura crítica pero respetuosa de la Concertación.
Si para algunos resulta difícil dar veracidad a un acuerdo de ese tipo, otros ponen el acento en la timidez demostrada por varios gobiernos de la Concertación cuando la derecha política ha apretado las tuercas. Un ejemplo preciso ocurrió cuando la demanda de Víctor Pey trajo el anuncio del posible regreso del diario Clarín.
En un recorrido por funcionarios de la Concertación se aprecia que para algunos Clarín es percibido como el diablo, una amenaza potencial a un modus vivendi cómodo y no como un activo político y mucho menos un aliado. Fue y sería –se escucha- el diario de extremos, la hoja escandalosa que todos recuerdan haber odiado o amado.
Entre los políticos del país que es sinónimo de estabilidad en la región, hay más interesados en los consensos que dan gobernabilidad que en la ideología. Pareciera que prevalece el temor a cortar con las amarras de la dictadura que hoy siguen vigentes en su prensa escrita. Miedo a que el relanzamiento de un diario como Clarín pueda producir también el regreso a los antiguos días de la polarización que terminaron en una tragedia cuyas huellas aun se mantienen imborrables en los centros de poder y también en las calles de Chile.
(Una versión de este artículo fue publicado en la edición de The Clinic del 11 de octubre de 2007)
Documentos Anexos.
Decreto N°165 de 1975
Decreto N°580 de 1975, que complementa al que confiscó Clarín
Pre informe Testa.
Minuta reservada de bienes Nacionales.
Resolución 43 del Ministerio de Bienes Nacionales.
Informe en derecho Pey.
Proyecto de sentencia.
Inventario de bienes de Emilio González (documento original).
Inventario de bienes de Emilio González (copia). 

1 Comentario para “Por qué la Concertación bloqueó el resurgimiento del Diario Clarín”
Felipe Guzman dice:
Comentario de Felipe Guzman
21 Diciembre, 2007, 7:15 pm
Esto fue publicado en una revista chilena en septiembre de 2005. ¿No estarán un poco atrasados con la noticia?
Chile pierde el juicio

Al enterarse de que el fallo sobre la propiedad del diario El Clarín le sería adverso, el Gobierno de Chile se apresuró a recusar a los miembros del tribunal internacional que dirimen el litigio. Perder el juicio significa no sólo que el Estado chileno debe pagar a Víctor Pey y la Fundación Presidente Salvador Allende, sino que también abre la posibilidad de que el diario de mayor circulación en Chile, confiscado por la dictadura, vuelva a editarse, inquietando a los grandes conglomerados periodísticos del país.