El duopolio de la prensa escrita y la Tele coincidieron en presentar el histórico caso como un problema directamente relacionado con los intereses del Estado, con las arcas fiscales. Un sólo aspecto y no cabe duda que el menos importante. Sendas columnas editoriales de El Mercurio y La Tercera fijaron su posición frente al fallo, apuntalando el espurio concepto de un supuesto daño a los “intereses nacionales”, rechazando de plano los argumentos aceptados por el tribunal y además dando por ciertas peregrinas historias sobre la adquisición de Clarín por parte de Víctor Pey.
El Mercurio escoge las palabras con descuido: para él, la resolución “constituye una exacción agraviante e injusta”. Según la RAE, el término exacción significa “Cobro injusto y violento”. Sabemos que lo efectivamente violento e injusto fue el asalto a mano armada sufrido por Clarín y otros muchos medios de la época, que dejó el campo libre para que los periódicos colaboracionistas hicieran sus negocios sin competencia al frente. Expresa sin embargo un intenso temor a que las cosas se reviertan, recomendando al gobierno no insistir en la nulidad del fallo, desesperado llamado que aparece en portada a título de noticia el mismo sábado 10 de mayo.
La Tercera sigue la misma línea argumentativa, pero es más intrépida en su estrategia al jugársela por la impugnación de la sentencia, siempre con la pretensión de resguardar los “intereses nacionales”.
La libertad de prensa está ausente del debate. Canal 13, por ejemplo, invitó la noche del viernes a un ex abogado del gobierno chileno en la causa. Toda la conversación con el periodista tuvo por exclusivo propósito desacreditar el fallo, fijando la controversia en sus aspectos económicos.
A su vez, para el vocero Francisco Vidal lo más importante no son “las lucas” (sic), sino que los principios. Cabe preguntarse de que principios está hablando. La última vez que el gobierno defendió principios a nivel internacional fue para salvar a Pinochet de la justicia.
Lo sustancial en todo esto, y que no se quiere tocar, es la dimensión política. La derecha y sus periódicos no son los únicos que aspiran a bloquear la emergencia de un medio que desafíe la uniformidad ideológica. Es obvio que dentro de la propia Concertación hay fuerzas que operan en esa misma dirección.
El más sincero de todos es Jaime Ravinet, ex ministro de Bienes Nacionales que estuvo involucrado en el apresurado pago de una indemnización a los herederos de Dario Saint Marie. “Yo no habría pagado nada”, dice sin arrugarse.
No es, ni más ni menos, que el temor a que los chilenos conozcan lo que el poder prefiere mantener en un seguro reducto, el temor a que en la micro o en el trabajo ya no se hable de la teleserie o del reality de moda, sino que de temas muy peligrosos como las condiciones de vida de las mayorías, a que las conversaciones cotidianas se tornen inteligentes y críticas.
Es, en una palabra, el miedo a la democracia.
Luis Cuello
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