Clarín fue uno de los diarios más importantes que ha tenido Chile. Pinochet lo cerró y confiscó tras el golpe militar de 1973. Hoy su suerte parece cambiar. Un largo arbitraje internacional que está a punto de parir sentencia, podría entregarle a sus legítimos dueños los recursos necesarios para hacerlo renacer.
Victor Pey contra el Estado
Se dice del diario Clarín que era tan influyente que podía elegir presidentes y hacer renunciar a ministros. Políticos de todos los sectores iban a pedir favores o apoyos a la casa de piedra que su fundador, Darío Saint Marie -mejor conocido como Volpone- tenía en la cordillera de Santiago. Lo hicieron el democratacristiano Eduardo Frei Montalva y el socialista Salvador Allende.
El apoyo de Clarín a Frei Montalva fue decisivo para que éste ganara las elecciones presidenciales de 1964. Tanto o más determinante lo fue en el ajustado triunfo de Allende sobre el candidato de la derecha Jorge Alessandri, en 1970. Alessandri perdió por menos de 40 mil votos. Durante su campaña electoral soportó la carga de Clarín, que lo apodó “La Señora” debido a sus modales delicados. La caída en desgracia con Clarín, fue el fin de más de una carrera política.
Clarín -que nació en 1954- alcanzó en 1973 un promedio de ventas de 270 mil ejemplares de lunes a viernes y 350 mil los sábados y domingos. Fue fundado por Volpone y por el general Carlos Ibáñez del Campo, presidente de Chile de 1952 a 1958. Este general -habitualmente calificado como caudillo populista y también como “el Perón chileno”- buscaba un medio de comunicación que lo ayudara a aliviar la presión que ejercían sobre su gobierno las prensas de izquierda y de derecha.
Utilizando mucho la crónica policial, titulares ingeniosos y un lenguaje popular, Clarín se abrió un espacio entre los grandes medios de prensa. Se definía a sí mismo como un diario popular, nacionalista y de izquierda. Por instrucciones de Volpone, entre un patrón y un obrero, se prefería a este último.
En sus páginas escribieron las más importantes plumas del periodismo chileno, entre ellas las de Luis Hernández Parker, Hernán Millas, Eugenio Lira Massi, Román Alegría y Alberto Gamboa. Este último -popularmente conocido como El Gato- es considerado por muchos de sus compañeros como el mejor director de diarios que ha habido en Chile. Bajo su conducción (1965-1973), Clarín llegó a ser un fenómeno nacional. Su estilo creativo, relajado y provocador atrajo a los lectores de este país.
Gamboa señala aquello que, considera, hizo grande al Clarín: “Siempre informamos con absoluta veracidad, con absoluta autenticidad y acudiendo a los lugares del suceso. Si había un crimen grandote íbamos al crimen grandote. Conversábamos con el pariente de la víctima y con los agresores. Entonces creo que logramos llegar a la gente con un despacho bastante equilibrado e imparcial, pero sobre todo basado en la verdad”, expresa Gamboa.
Y aclara: “Es que se reporteaba en el terreno. No nos batíamos a telefonazos”.
Cuando empresarios o políticos le hacían peticiones para que despidiera a algún periodista, siempre las rechazó. Cuidaba la independencia de su medio como el tesoro más preciado. Era él quien escribía las columnas más ácidas y los principales editoriales. En muchos de ellos destrozaba a políticos, particularmente a los de derecha, pero sobre todo al diario El Mercurio, su enemigo predilecto.
PARADOJA DE LA DEMOCRACIA
Antes del golpe militar de 1973, Chile tenía una amplia y variada oferta periodística. Había 46 diarios, 11 de los cuales tenían circulación nacional. Actualmente de estos últimos existen sólo cinco: cuatro de derecha y uno del gobierno.
Influidos por la polarización política de la época, todos los medios se identificaron con algún sector. Fue el tiempo del periodismo de trinchera. Al llegar Pinochet al poder, sólo se mantuvieron los medios de derecha, entre los cuales sobresalió El Mercurio.
Víctor Pey, critica el estado actual de la prensa en Chile: “Mire, aquí en Chile hay dos grandes empresas: El Mercurio y Copesa. Juntos copan cerca de 80% ó 90% del pensamiento escrito que existe en el país. Eso es una deformación muy perjudicial porque un país tiene que ser plural para poder poner de manifiesto su esencia y desplegar sus potencialidades. Yo le diría que la realidad de la prensa hoy en Chile es de un anacronismo histórico lamentable, puesto que impide una difusión más amplia de las ideas y del pensamiento. Eso va en desmedro de los intereses básicos de la sociedad”.
Buena parte de la actual concentración de los medios de prensa es responsabilidad de los gobiernos de la Concertación por la Democracia que reemplazaron a la dictadura militar. Estos negaron publicidad a las revistas y diarios que fueron fundamentales para derrotar a Augusto Pinochet.
Los diarios Fortín Mapocho y La Época, así como las revistas Apsi, Análisis, Hoy, Cauce y el resto de los medios de prensa que se oponían a la dictadura desaparecieron cuando se avanzó en la transición a la democracia.
Eugenio Tironi, ministro secretario general de gobierno de Aylwin, acuñó la frase “la mejor política comunicacional es no tener política comunicacional”. Justificaba de esta forma el financiamiento que daba su administración a los medios de derecha y el olvido en que dejó a los que antes eran sus aliados.
Los gobiernos de la Concertación temían que el periodismo que estos últimos hacían se transformara en una piedra en el zapato de la “política de los consensos”; la que apuntaba a pactar con la derecha, empresarios y militares con el fin de mantener el orden social, político y económico surgido en tiempos de Pinochet.
Quizás, si a propósito de todo esto, encuentre sentido recordar el lema de Volpone, que también fue de Clarín: “Cavernarios: ¡el pensamiento no se encarcela ni se degüella!”
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LA BATALLA DE PEY
Clarín, el más popular de los diarios que ha tenido Chile, podría volver a circular.
Y es que después de un litigio que ha durado una década, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) -tribunal arbitral del Banco Mundial- está a punto de dictar un fallo que muy probablemente favorecerá a quien figura como legítimo dueño: el español Víctor Pey.
Él y la Fundación Salvador Allende de España –a quien cedió buena parte de sus derechos- podrían recibir unos 517 millones de dólares por concepto de “resarcimiento de daños materiales” y “lucro cesante”.
Un dictamen de esta naturaleza, significaría una enorme derrota para la Concertación, ya que sus gobiernos se han negado a devolver la Empresa Clarín a Pey. A pesar de que un fallo del 8º Juzgado del Crimen de Santiago de mayo de 1995, acreditó a Pey como único dueño de la firma propietaria de Clarín.
Desde septiembre de 2005, Clarín cuenta con una versión electrónica: www.elclarin.cl.
Pey nació en Madrid en 1915. De profesión ingeniero, durante la guerra civil española, ofició como director de Industrias Eléctricas y Armamentos de la Generalitat de Cataluña. Tras perder los republicanos, viajó a Francia donde fue recibido en un campo de refugiados. Gracias a gestiones de Pablo Neruda, Pey y otros 2.100 refugiados viajaron en el Winnipeg a Chile.
LA CONFISCACIÓN
Tras el golpe militar, Clarín fue clausurado. Su director, Alberto “Gato” Gamboa, fue detenido y trasladado a un campo de concentración en la nortina provincia de Antofagasta. Las instalaciones donde se imprimía el diario, ubicadas en calle Dieciocho de la capital, fueron convertidas en un centro de detención y torturas denominado La Firma.
Víctor Pey, que hacía poco había comprado el diario, fue conminado a entregarse por los militares, a través del bando Nº 19 del 12 de septiembre de 1973. No obstante, prefirió asilarse en la Embajada de Venezuela donde estuvo hasta el 27 de octubre de ese mismo año, fecha en que partió rumbo a ese país.
Al mismo tiempo, el régimen militar puso en marcha mecanismos jurídicos para despojar a Pey de la propiedad del diario. En principio, intentó reconocer como dueños a Jorge Venegas, Ramón Carrasco y Emilio González. Ellos eran amigos de Pey y éste les había prometido venderles una pequeña parte del diario, pero la operación no se concretó debido a la irrupción del ejército al poder.
De esa “promesa de venta” sólo quedaron papeles firmados en blanco por los tres interesados. Esos documentos no acreditaban pago de dinero alguno ni tenían el aval de ningún organismo estatal. No obstante, los militares intentaron darles validez. Su objetivo: expropiar la Empresa Periodística Clarín a cambio de una indemnización y así tomar el control del rotativo.
Sin embargo, una investigación oficial concluida en 1975, y dada a conocer por el entonces titular del Interior, coronel Enrique Montero, enterró ese intento. Montero informó: “El ministerio del Interior (desea comunicar que) fue Víctor Pey quien compró el Consorcio Publicitario y Periodístico, S.A., y la Empresa Periodística Clarín, efectuando los pagos correspondientes”.
Pey había comprado la Compañía en el transcurso de 1972 por 1 millón 280 mil dólares. El vendedor fue Darío Saint Marie, mejor conocido como Volpone, quien era el anterior dueño y fundador de este popular periódico cuyo lema era: “¡Firme junto al pueblo!”.
En 1974 el gobierno militar intentó conseguir que Volpone declarara que vendió bajo presión de Allende. Buscaba anular la transacción. Pero Volpone rechazó la oferta. Finalmente la Junta Militar decidió confiscar Clarín a Pey, mediante decreto supremo 580 de 1975. Lo hizo sin pagar indemnización.
En 1990, después de que los militares abandonaron el poder y de que se inició la transición a la democracia, Pey regresó a Chile y acudió a la justicia para recuperar su propiedad. Cuando en 1995 el Octavo Juzgado del Crimen acreditó que era el dueño, Pey propuso al presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle un “acuerdo amistoso”: que el Estado de Chile lo indemnizara por los bienes confiscados y con ese dinero volver a editar el diario Clarín. No obtuvo ninguna respuesta.
Entonces, Pey recurrió al Ciadi. El 6 de noviembre de 1997 presentó a esta instancia del Banco Mundial una demanda contra el Estado chileno y solicitó su arbitraje en virtud del Acuerdo de Protección de Inversiones (API) firmado entre Chile y España en 1994. Esta acción legal la inició en conjunto con la Fundación Presidente Allende de Madrid, a la que en 1990 había cedido 90% de sus derechos sobre el diario. En 1998, el Ciadi admitió la demanda y constituyó un tribunal para resolver el caso.
CHILENO O ESPAÑOL
El gobierno de Chile ha sostenido reiteradamente que el caso de Clarín no puede ser analizado por el Ciadi puesto que Pey tiene doble nacionalidad: española y chilena. Al ser ciudadano chileno quedaría inhabilitado para litigar contra el Estado de Chile en una instancia reservada para arbitrajes internacionales.
Joan Garcés, que es director de la Fundación Salvador Allende y quien representa la posición de los demandantes, ha negado en el transcurso del proceso que Pey tenga doble nacionalidad. Sostiene que al salir Pey de Chile, el régimen de Pinochet le prohibió volver a ingresar y lo despojó de su pasaporte chileno. Con esto, se habría desconocido los beneficios del Convenio de Doble Nacionalidad entre España y Chile, vigente desde 1958.
En 1996, Pey renunció a la nacionalidad chilena, lo que fue comunicado por España a Chile, cuyo gobierno procedió a inscribirlo como “extranjero”. Pero, con el objetivo de sostener la tesis de la doble nacionalidad, el jefe de la delegación chilena ante el Ciadi, Juan Banderas, solicitó al ministerio del Interior, que alterara la ficha de identificación de Pey, cambiando su cualidad de extranjero por la de chileno.
Interior, transmitió esta solicitud al Servicio de Registro Civil, el que adulteró el registro de Pey el 23 de julio de 1999. Esto consta en el documento oficial C 268 del procedimiento de arbitraje Ciadi Caso Nº ARB-98-2. El documento se titula: “Memorando de la mala fe de Chile a lo largo del procedimiento de arbitraje provocando su prolongación y el aumento de su costo”. Está fechado en septiembre de 2005 y contiene 51 páginas. En éstas se describen oscuros procedimientos realizados por el Estado chileno, como traducciones incompletas o tergiversadas, presentación de documentos adulterados y actos destinados a entorpecer el arbitraje.
En 1998, el gobierno de Chile, contrariado por el inicio del arbitraje, inició los trámites para pagar una indemnización a Emilio González, Ramón Carrasco y Jorge Venegas, “dudosos propietarios” de Clarín, con el fin de fortalecer su posición en el litigio internacional. A fines de ese año, el Comité de Inversiones Extranjeras, dependiente del Ministerio de Economía, solicitó al abogado Enrique Testa un estudio jurídico sobre el caso Clarín. El 22 de abril de 1999 un yerno de Testa, Isidoro Godorischen Rapaport, con Ronald Youlton Vasen, formó la sociedad Asesorías e Inversiones, S.A. (Asinsa). Cinco días después, esta sociedad compró en poco más de 2 mil dólares, el 40% de los derechos hereditarios de González, quien murió en 1991. Tanto él como Carrasco y Venegas eran las personas a las que Pey había prometido venderles una parte del diario.
La transacción parecía carente de lógica debido a la evidente pobreza en la que se encontraba la familia González. Sin embargo, comenzó a tener sentido cuando el Ministerio de Bienes Nacionales decidió acoger, en abril de 2000, una solicitud de indemnización por la confiscación del Clarín. Esta solicitud fue presentada por Asinsa, así como por Venegas y por los herederos de Carrasco, quien también había muerto.
Ellos presentaron los títulos accionarios antes comentados y que carecían de validez legal. Aun así, el Estado chileno les pagó 9 millones de dólares. Esto, en virtud de ley 19.568 de Devolución de bienes confiscados durante la dictadura, que coincidentemente fuera promulgada en 1998. La sucesión Saint Marie también recibió una parte de esta cifra.
La cancelación de estos dineros a estos aparentemente falsos dueños, verificada en 2002, se vio favorecida por una fuerte campaña de prensa sostenida por El Mercurio que en sus páginas ha cuestionado la competencia del CIADI respeto del caso Clarín y la propiedad del mismo por parte de Pey.
Joan Garcés calificó entonces el millonario pago como “una operación delictual y de corrupción con complicidades en las esferas más altas del gobierno de Chile”. Durante esos años, los presidentes de Chile fueron Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006)
EL PRONUNCIAMIENTO
El tribunal del CIADI está constituido por tres miembros. Según estatutos, cada parte nombra a un árbitro, mientras que el tercero, que oficia de presidente del tribunal, es designado por el Banco Mundial. Desde 2001 este puesto recae en el profesor suizo Pierre Lalive.
Después de siete años de litigios, en junio de 2005 estaba listo el proyecto de sentencia que había sido redactado por Lalive y que como se sabría posteriormente, beneficiaba a los demandantes.
Lalive envió copias a los otros dos árbitros con el objetivo de que emitieran su parecer y mantuvieran su confidencialidad, puesto que en septiembre de aquel año, se les daría a conocer a las partes, cuando se realizaran los alegatos finales del arbitraje en Nueva York. Mohamed Bedjaoui, árbitro argelino nombrado por los demandantes, aprobó el texto.
Pero el ecuatoriano Leoro Franco, quien había sido escogido por Chile, violó el carácter secreto del documento: Lo entregó el 1 de agosto del mismo 2005 a las autoridades chilenas. “Eso provocó que los representantes de Chile recusaran a los miembros del tribunal con el objetivo de evitar que se dictara ese laudo”, señala en entrevista con El Ciudadano Víctor Pey.
El argumento de Chile para hacer las recusaciones fue la “lentitud” de los jueces, las “incompatibilidades de salud” de Lalive, y el hecho que el argelino Bedjaoui, asumiera como ministro de Asuntos Exteriores de su país.
Dos días después de la solicitud de recusación, el juez ecuatoriano renunció en forma indeclinable. Esto significó una nueva demora: había que esperar la designación de un sustituto justo cuando el proceso de arbitraje estaba por finalizar. La recusación de los otros dos miembros del tribunal no fue aceptada por el Banco Mundial y el entonces presidente de este organismo internacional, Paul Wolfowitz, propuso a la jurista belga Brigitte Stern como la juez que sustituiría al ecuatoriano Franco.
En mayo de 2006, el Gobierno chileno, a través de una carta dirigida al presidente del Banco Mundial, Paul Wolfovitz, objetó el nombramiento de la jurista propuesta por este para remplazar a Franco. Se trataba de la belga, Brigitte Stern. Esto, a pesar que Chile ya no tenía derecho a nuevas recusaciones.
La razón de la objeción: Haber escrito en “Le Monde”, del 26 de marzo de 1999, el artículo Temblad ex dictadores. En este, Stern relacionaba la detención de Augusto Pinochet con temas de derecho internacional de derechos humanos. Según Chile, que es representado por la dirección jurídica del Ministerio de Economía, la designación de una jueza con tales opiniones provocaría serias controversias en este país.
El presidente del Banco Mundial, Paul Wolfowitz, aceptó la objeción chilena y nombró al profesor Emmanuel Gaillard que es un jurista muy destacado internacionalmente. Pero este también fue objetado. La razón: “Chile encontró que en algunas de las fundamentaciones de sus sentencias en otros arbitrajes, había cierta similitud con los antecedentes que operan en el caso de Clarín y que, por tanto, habría ya puesto de manifiesto su manera de pensar y que eso era objetable e impedía que fuese nombrado”. Esto según el relato de Pey. Wolfowitz no aceptó estos argumentos y procedió a informar a las partes que Gaillard era el árbitro nombrado.
El Gobierno de Chile se dirigió entonces directamente a Gaillard para que pedirle que no aceptara la nominación por las razones antes expuestas. Este no contestó, por que no corresponde a un árbitro comunicarse con ninguna de las partes, y reafirmo su participación.
Entre el 15 y el 17 de enero de este año se realizaron en París los últimos alegatos. En dicha cita se ratificó la validez del proceso llevado a cabo hasta ese entonces, concentrándose el tribunal en aclarar algunas dudas menores. Esto hace pensar que el fallo, que se considera inminente, ratifique lo obrado por Lalive el 2005. Y es muy probable, además, que junto con entregar la razón a los demandantes, señale los montos de la indemnización que deberá cancelar Chile.
De ganar el arbitraje y ser indemnizados por Chile, los demandantes pondrán en marcha nuevamente Clarín, según aseguró a este medio Víctor Pey. De ser así se podría romper con el monopolio casi absoluto que tiene la prensa de derecha en Chile: “Es un compromiso moral y un anhelo muy sentido, poder llegar a tener nuevamente Clarín en la calle, lo que para nosotros sería un logro muy importante”, expresó Pey.
Y agregó: “Los deseos de mayor justicia social, de una democracia más profunda y transparente son los que nos animan a Joan Garcés y a mi para impulsar una nueva versión del diario Clarín”, añadiendo que esos “eran los mismos, exactamente los mismos principios que tenía Allende”.
Tanto Pey como Garcés, eran muy amigos del ya mítico presidente socialista. Garcés estuvo “el once” en La Moneda con Allende. A poco del final, este le pidió al abogado español que saliera y se salvara, para que contara lo que había pasado en Chile.
Garcés, ha sido un personaje clave en la historia reciente de Chile. Fue él quien presentó la querella por genocidio ante la Audiencia Nacional de España que derivó en la detención de Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998. A partir de esta detención, que se abrieron las puertas de la justicia en Chile para las causas de derechos humanos. Ahora espera junto a Pey, el otro gran amigo español de Allende, volver a disfrutar del toque de Clarín.
Francisco Marín
